La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe determinante sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que redefine las reglas del juego para los gestores de infraestructuras en Canarias. El organismo que preside Cani Fernández defiende que la competencia es la herramienta preventiva más eficaz contra la corrupción, instando al Ministerio de Hacienda a blindar los procesos de adjudicación de servicios públicos. Para el sistema portuario de las islas, donde la gestión de terminales y el búnker depende de concesiones a largo plazo, esta postura implica un giro hacia una fiscalización mucho más agresiva de las licitaciones.
La CNMC propone limitar y controlar de forma estricta la subcontratación en los encargos a medios propios, una práctica que suele generar opacidad en las grandes obras y servicios portuarios. El regulador advierte que la corrupción reduce drásticamente la eficiencia económica y distorsiona el funcionamiento de los mercados locales. En este sentido, el informe exige que los pliegos de condiciones incorporen de forma expresa canales de denuncia anónima y obliguen a los licitadores a presentar declaraciones de oferta independiente, una medida diseñada para romper los posibles cárteles en sectores estratégicos como la logística o el suministro de combustible.
El foco del regulador se extiende a la interoperabilidad de la Plataforma de Contratos del Sector Público, demandando una mayor transparencia que no facilite, sin embargo, el intercambio de información sensible entre competidores. La CNMC aboga por fomentar la concurrencia incluso en los contratos menores, aquellos que a menudo escapan al radar de la gran auditoría y que son fundamentales para el tejido de pymes que operan en los muelles de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. La propuesta busca evitar los efectos excluyentes de la contratación electrónica mediante medidas de apoyo específicas para las pequeñas y medianas empresas canarias.
El refuerzo de las prohibiciones de contratar para aquellas compañías que hayan infringido la normativa de competencia es otra de las piezas clave del informe. El regulador solicita que estas sanciones tengan un reflejo inmediato y coordinado en el Registro de Licitadores y en el Registro Mercantil. Para las Autoridades Portuarias del archipiélago, esto supone una responsabilidad añadida en la fase de evaluación de ofertas, debiendo cruzar datos para impedir que empresas con antecedentes por colusión accedan a nuevas concesiones de dominio público.
La CNMC ha ofrecido su colaboración directa para asesorar en el análisis de riesgos de la gestión de los servicios públicos, garantizando que la futura Agencia de Integridad Pública respete la autonomía del supervisor. El objetivo final es elevar la confianza institucional en un sector, el portuario, que actúa como motor económico de las islas y que ahora deberá adaptarse a unos estándares de integridad que integran la defensa de la competencia como un valor ético innegociable. Claves del informe para el sector portuario: Los licitadores deberán certificar la ausencia de pactos previos, control de subcontratas y reestricción del uso de medios propios para evitar fugas de capital, conexión obligatoria entre registros públicos para vetar a infractores. La CNMC impone la defensa de la competencia como escudo contra el fraude en las concesiones.
