El Puerto de Granadilla se encuentra en el epicentro de un conflicto que trasciende lo laboral para convertirse en una cuestión de política industrial de primer orden. Este martes, entre las 12:00 y las 14:00 horas, el colectivo de trabajadores portuarios ha convocado una manifestación en la Plaza General Gutiérrez Mellado, frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. El detonante es la inminente marcha del Petrojarl I, una unidad FPSO de alta complejidad técnica cuya salida forzada, según el sindicato de trabajadores, supone un golpe letal a la actividad industrial de la isla.
La crisis estalla tras la comunicación de la Autoridad Portuaria al operador del buque, la compañía Amplus Energy, para que abandone el recinto al término del plazo administrativo autorizado para reparaciones. Para los trabajadores, esta decisión ignora que se trata de un activo industrial complejo y no de una reparación naval convencional. La marcha del Petrojarl I implica el traslado fuera de Tenerife de un proyecto que requiere ingeniería de procesos, mecánica especializada, electricidad y soldadura industrial, afectando no solo a los empleos directos, sino a toda la cadena de proveedores y empresas auxiliares que dependen de la actividad offshore.
El malestar del colectivo apunta directamente a una «falta de visión estratégica» y a una inseguridad jurídica que, aseguran, está ahuyentando las inversiones hacia otros puertos rivales como Las Palmas o la costa africana. «No pedimos privilegios, pedimos poder trabajar», reza el lema de una movilización que exige criterios claros para el sector del petróleo, el gas y la energía eólica marina. Los manifestantes denuncian que, mientras el puerto de Granadilla cuenta con espacio y capacidad operativa infrautilizada, se está obligando a salir a proyectos de alto valor añadido que generan empleo cualificado y fijan tecnología en la isla.
