Ess cuestión de semanas. El traspaso de las competencias de Salvamento Marítimo al Gobierno del País Vasco, formalizado a través del Real Decreto 175/2026 y fijado para el próximo 1 de octubre, ha encendido las alarmas en las comunidades marítimas y en el sector de la seguridad náutica española. La transferencia de las funciones de dirección, coordinación y planificación de las emergencias en aguas interiores y territoriales vascas quiebra el principio de unidad de mando que regía la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). El análisis elaborado por el experto Fernando Novoa Sanjurjo, exdirector técnico del Servicio de Busca e Salvamento de la Xunta de Galicia y capitán de corbeta retirado, califica la medida en Defensa.com de «uno de los mayores desatinos que podía ocurrir en el ámbito marítimo».
El quiebre de la unidad de mando en la mar
La arquitectura derivada del acuerdo fijado para este otoño fragmenta la gestión del litoral vasco entre dos estructuras operativas diferenciadas: la administración autonómica coordinará los rescates dentro de la franja del mar territorial, mientras que el Estado mantendrá la tutela de las aguas exteriores. La duplicidad competencial proyecta una paradoja técnica que Novoa Sanjurjo tilda de escenario trágico. «Desde el próximo 1 de octubre en el litoral del País Vasco existen dos Salvamentos Marítimos, uno que coordina las emergencias dentro del Mar Territorial y aguas interiores y otro que coordina las emergencias por fuera de estas aguas», denuncia el especialista, advirtiendo de que esta descoordinación aboca a «disfunciones operativas, retrasos en las respuestas, incremento de gastos, discusiones competenciales, errores y pérdida de calidad».
El modelo descentralizado vasco contrasta con el esquema implementado en su día por el Servicio de Gardacostas de Galicia, diseñado sobre la premisa innegociable de la dirección única de las emergencias. «La dirección de las emergencias tenía que ser única. Así lo defendí en su momento y así lo sigo defendiendo ahora», sostiene el capitán de corbeta retirado, afeando que la cesión autonómica vasca incluya además una compensación económica inicial superior a los 6,3 millones de euros, la minoración del cupo y la subrogación en el convenio de la Cruz Roja para el uso de siete embarcaciones financiadas previamente por el Estado. «Se les cede la competencia, la gestión de siete embarcaciones de Cruz Roja pagadas por SASEMAR y ese dinerillo para ir empezando. Kafkiano se vea por donde se vea», asevera Novoa Sanjurjo.
La brecha histórica en la acción del Estado en el litoral
La controversia hunde sus raíces en la decisión adoptada en 1986 de desestimar la creación de un cuerpo unificado de Guardacostas (FUVIMAR), opción defendida en su momento por la Armada para integrar las misiones de salvamento y policía marítima. En su lugar, la Administración dividió las competencias entre el estamento civil de la Marina Mercante y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Esta dispersión de recursos provocó, según el exdirector gallego de rescate, que la Armada perdiera entre 1990 y 1994 el 37% de sus unidades flotantes por reducciones presupuestarias, al tiempo que se levantaba un entramado ineficiente incapaz de contener los retos de seguridad en el Sur peninsular y en los archipiélagos.
La transferencia competencial ha cosechado la oposición tajante de los principales estamentos del sector marítimo nacional, incluyendo el Colegio Oficial de los Marinos Mercantes (COMME), la Asociación de Titulados Náutico Pesqueros (Aetinape), la Real Liga Naval Española y diversas organizaciones sindicales. Todas las entidades coinciden en señalar que la segmentación de la autoridad de rescate impide definitivamente a España dotarse de un servicio de Guardacostas integral a semejanza de los modelos estadounidense, británico o canadiense.
La amenaza latente sobre las vidas en la mar
La erosión del principio de caja única y mando unificado en SASEMAR genera una inquietud directa sobre la efectividad de las maniobras de socorro. En un entorno hostil como el medio marino, donde la demora de unos minutos en la toma de decisiones condiciona la supervivencia de las tripulaciones y la contención de vertidos contaminantes, la sobreposición de fronteras administrativas introduce un factor de riesgo innecesario.
«Estamos gobernados por una clase política que subordina claramente el interés general al interés particular de sus egoísmos políticos y personales», concluye Novoa Sanjurjo al evaluar el impacto de la norma, remarcando que «SASEMAR funciona bien» y que «no hay ninguna razón operativa ni de ningún otro orden que justifique de forma objetiva esta cesión». La entrada en vigor del traspaso abruma al sector marítimo ante la perspectiva de un modelo fragmentado que antepone el reparto competencial a la seguridad de la vida humana en la mar.
