Un matadero de buceadores. El Puerto de Las Palmas cuenta con una inmensa mayoría de empresas, consignatarias y operadores que invierten fortunas en seguridad, cumplen a rajatabla la normativa y pagan el coste real de proteger a sus trabajadores. Por eso resulta un trago amargo comprobar la indolencia con la que la Inspección de Trabajo contempló la jugada de un puñado de piratas. Mientras las firmas serias del recinto sufren una fiscalización asfixiante, a Otech Marine Services y a sus socios del Grupo Laskaridis, vinculados a Asepeyo, les bastó con aplicar un ardid de costes para dejar vegetal a un buceador de 23 años ante la mirada pasiva de la autoridad competente. La empresa griega se defiende: «Son cosas que pasan». Cierto, en suelo concesional del Reino de España.
Hedor administrativo
El Puerto de Las Palmas es un escenario idóneo para la indolencia administrativa. Entre el hedor a combustible pesado y la luz cenicienta de La Luz, los inspectores de Trabajo entienden rápido que la vida es solo un trámite burocrático de expedientes que archivar y folios que sellar. La siniestralidad no es más que una métrica aceptable en la Hoja de Excel; y bajo esa lógica, el colapso de Lewis Beddows a los 23 años resulta casi poético por su irrelevancia estadística. Un cuerpo destrozado con secuelas neurológicas irreversibles no altera el horario de salida de la oficina ni despeina a la autoridad inspectora.
Con 23 años
El mecanismo de la tragedia fue de una mediocridad reconfortante para cualquier burócrata sin escrúpulos. Un buque consignado por Hamilton (Transcoma), reparado en los astilleros del Grupo Laskaridis y operado bajo la subcontratación de Otech Marine Services en la plataforma Ocean Great White. Todo estaba dispuesto para que la negligencia fluyera sin molestar las inspecciones rutinarias. El padre del joven, Derek Beddows —veterano auditor internacional en corporaciones como BP o Technip— ha expuesto en agosto de 2026 la verdadera naturaleza de esta chapuza impune cometida en diciembre de 2018.
Un ahorro de costes que la Inspección dejó pasar
El siniestro se ejecutó mediante una cadena de incompetencias que cualquier inspector de trabajo con un mínimo de apatía habría firmado con la vista gorda. Había una cámara hiperbárica en el muelle, pero quedó inútil porque «el supervisor no sabía cómo usarla; si hubiera sabido gestionar correctamente las inmersiones aéreas básicas no habría sido necesaria, ¡pero ni siquiera eso pudo hacer!». Por su parte, la cámara de las instalaciones portuarias no estuvo operativa porque el jefe de proyecto de Otech prefirió ahorrar costes omitiendo el aviso de inicio de buceo y ahorrándose al médico local «porque creía que el peor escenario nunca ocurriría». Un fraude de libro que la Inspección de Trabajo de Las Palmas devoró sin hacer preguntas incómodas.
El protocolo de emergencia fue una farsa en papel: «un plan de respuesta totalmente defectuoso que nunca podría haber funcionado». Seis horas tardó en llegar la recompresión tras el accidente descompresivo. «¿El resultado? Un joven buceador de 23 años con todo lo que esperar, entrenamiento sentado, una carrera emocionante y prometedora, todo perdido, desaparecido y con desafíos neurológicos residuales para el resto de su vida«. Tras «una semana en el hospital, innumerables tratamientos en cámara y experiencias demasiado oscuras», el joven quedó fuera de juego.
La broma del sello de calidad y el cinismo griego
Para la Inspección de Trabajo, el suceso fue la rutina perfecta: archivado como un percance marginal de mano de obra itinerante. Derek Beddows carga contra «esos contratistas rebeldes que se esconden tras su certificado IMCA, que es solo un trozo de papel A4 de colores en un bonito marco en la pared de la sala de juntas». Pero el remate a este monumento a la impunidad vino de la propia firma griega, que despachó al padre con la fría condescendencia de un correo en inglés corporativo: «Lamentamos saber lo que le ocurrió a su hijo (…), pero, por desgracia, cosas así siguen ocurriendo en todas partes… incluso si no participamos (sic) en esta área del proyecto». En la web de la empresa se señala que lo han atendido ellos.
Un simple «son cosas que pasan» bastó para dar carpetazo a un chico mutilado en aguas canarias. En Las Palmas, los inspectores miraron a otra parte mientras los piratas abarataban costes y se reían de la ley en su propia cara. No hubo accidente: hubo complacencia, arrogancia empresarial y una Inspección de Trabajo que prefirió el trámite fácil antes que demostrar quién manda en el puerto de Las Palmas.
