¿Empezando por el final? Los funcionarios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas soportando el drama colectivo de decenas de técnicos con bajas ante la presión tóxica que mantiene los cargos de poder político y los estibadores sin sumarse a la unanimidad sindical. La estructura derechista ha optado por preservar un estatus heredado de Falange. La burocracia interna no logra explicar el origen y menos dar a conocer el informe de Puertos del Estado sobre las razones que subyacen en esta pandemia.
Expertos en gestión del ecosistema en Madeira
Y eso porque las centrales sindicales del Puerto de Las Palmas no les hado por investigar por qué y cómo a la Asociación Sindical Estibadores Portuarios (ASEP) el Gobierno de Madeira le concedió 4.449,69 euros por «gestión sostenible de espacios naturales» y 10.579,25 por «apoyo comunitario». Por no hablar del dinero que el Cabildo de Gran Canaria ha inyectado en 2024 al brazo social Fundación Belén María para una carrera nadando por 15.000 euros o los 20.000 euros para un proyecto llamado ‘Tu eliges’. ¿La derechona estibadora de Las Palmas gestiona, además de ser solidaria con las cestas de Navidad de 2025, parques naturales en Madeira? Fundación Belén María este 2026 es premio la Fundación Puertos de Las Palmas, de la que el sindicato derechista es ‘patrono’ junto a Fedeport.
Mientras la denominada derechona estibadora de Las Palmas, 8.800 euros neto al mes de salarios, la que recibe dinero de un gobierno extranjero aunque sea calderilla en su mundo, defiende sus cuotas de influencia que llegan hasta Madeira, las bajas laborales por razones psicológicas se acumulan en los expedientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Aquí puedes leer el comunicado del 22 de julio de 2026 de las centrales sindicales más influyentes de Las Palmas.
La paradoja de la paridad en el comité de acoso
El malestar latente entre los empleados de la Autoridad Portuaria ha alcanzado un nuevo punto de fricción tras la difusión de un comunicado conjunto de CCOO, CSIF y UGT. Los representantes del Comité de Seguridad y Salud han expresado sus reservas ante el Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso impuesto por la dirección de Francisco Trujillo y la presidencia de Beatriz Calzada. Las centrales señalan la falta de independencia de la Comisión de Intervención Psicosocial (CIP), la entidad responsable de ponderar las denuncias por acoso dentro del organismo público.
Según la representación social, la alta dirección ha diseñado un órgano asimétrico en el que la representación de los trabajadores queda reducida a un único delegado de prevención frente a dos representantes de la parte empresarial. La CIP incorpora además a la misma consultora o entidad externa encargada de elaborar el informe técnico preliminar. Esta dualidad convierte al evaluador externo en juez y parte dentro del mismo procedimiento, dinamitando la imparcialidad que se le exige a un protocolo de protección de la salud mental.
Represalias y falta de confianza en los canales de la empresa
Los sindicatos firmantes argumentan que ningún procedimiento contra la violencia psicológica resulta eficaz si la plantilla recela de quienes deben aplicar las resoluciones. La decisión de restringir la presencia sindical en la comisión proyecta sombras sobre principios como la neutralidad y la ausencia de conflictos de interés, esenciales para que una víctima de acoso se atreva a activar el canal oficial sin temor a sufrir represalias laborales. La controversia sobre el protocolo refleja una lucha por el control de la gobernanza interna. Mientras los trabajadores de a pie acumulan bajas por el clima de presión y desamparo institucional, la derechona estibadora se enfoca en preservar su peso institucional en la cúpula administrativa. La brecha entre los salarios privilegiados del sector de la estiba y el deterioro cotidiano de los empleados del enclave portuario expone las fisuras de un modelo de relaciones laborales atascado en su propia opulencia.
