Las cuentas anuales de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas revisadas por Canarymaritime correspondientes al último ejercicio bajo poder de la Intervención General del Estado exponen una compleja arquitectura contable donde el reconocimiento de deterioros altera significativamente el rendimiento final de la entidad. El documento financiero revela cómo la aplicación minuciosa de criterios técnicos permite una constante compensación de partidas, dibujando un escenario de neutralización operativa donde los beneficios y las pérdidas ordinarias parecen diluirse de forma calculada en el balance.
La disolución de los compromisos abstractos
El núcleo de los movimientos cruzados se localiza en la Nota 9 de la memoria de la institución, bajo el epígrafe «Usuarios y otros deudores de la actividad propia», donde el activo circulante global experimentó una drástica reducción al pasar de 167.336,01 euros a apenas 2.916,61 euros. El desglose de movimientos indica que la cuenta de «Usuarios de otras procedencias», que iniciaba el año con un saldo de 117.336,05 euros, quedó completamente saldada a cero tras registrarse una disminución equivalente. Por su parte, la cuenta de «Patrocinadores de otras procedencias», que partía de 49.999,96 euros y recibió adiciones por valor de 170.000,00 euros durante el año, reflejó una disminución de 217.083,35 euros, dejando un saldo vivo final de apenas 2.916,61 euros. El volumen total de disminuciones en el epígrafe de deudores ascendió a 334.419,40 euros.
Fuentes de la investigación financiera confirman que este movimiento obedecería de manera conjunta a la gestión ordinaria de cobros y a la aplicación de los criterios de prudencia valorativa ante saldos pendientes. Desde una perspectiva formal, las cuentas anuales identifican estos saldos deudores bajo la denominación genérica de «otras procedencias» dentro de las categorías de usuarios y patrocinadores. Sobre este epígrafe, la dirección de la entidad procedió al reconocimiento de un deterioro por insolvencias de aproximadamente 95.000 euros aplicable a créditos comerciales que presentaban una antigüedad superior a los seis meses, reclasificándolos como saldos de dudoso cobro de acuerdo con la normativa técnica. Conforme a las salvaguardas legales necesarias, la dotación de este deterioro técnico responde a una estimación contable obligatoria por el transcurso de los plazos de vencimiento y no presupone de manera concluyente un escenario de morosidad definitiva, insolvencia legal o incumplimiento deliberado por parte de las entidades aportantes, corporaciones o miembros del patronato vinculados habitualmente al sostenimiento de la fundación. El ajuste se traduce en una depuración del balance para reflejar con fidelidad la imagen fiel del activo realizable a la fecha de cierre.
El repliegue de la liquidez en el balance del desierto
El impacto de este saneamiento comercial se traslada de manera directa a la cuenta de resultados, explicando el viraje de la entidad hacia un espacio de signo negativo que neutraliza los ejercicios previos. La fundación cerró el año fiscal 2024 con un resultado de -138.660,30 euros, lo que representa una notable reversión respecto al excedente positivo de 181.021,45 euros registrado en el ejercicio 2023. Esta caída se encuentra también vinculada a una reducción en los ingresos de la actividad propia, que se situaron en 181.409,53 euros frente a los 346.532,48 euros del año previo, así como a una disminución del 50% en el epígrafe de «Otros ingresos de la actividad».
En contraste con este retroceso en la generación de recursos, la partida de «Efectivo y otros activos líquidos equivalentes» experimentó una evolución inversa, elevándose desde los 705.131,72 euros en 2023 hasta los 863.521,92 euros al cierre de 2024. Esta acumulación de caja en un periodo de pérdidas netas sugiere una estrategia de preservación de liquidez o la ejecución de cobros de ejercicios anteriores; un intento de blindar la posición de tesorería a corto plazo frente al desgaste general del entorno, equilibrando las magnitudes de la entidad de forma exacta.
La lenta degradación de la materia inmobiliaria
La administración del inmovilizado de la institución introduce elementos adicionales de ajuste técnico que impactan el balance de situación. El edificio propiedad de la fundación, cuya explotación en régimen de arrendamiento constituye una de las vías de financiación de sus fines estatutarios, arrastra un desajuste de criterios temporales derivado de antiguas directrices de la Delegación de Economía y Hacienda. Tras modificarse la tasa de amortización anual del 3,33% al 2% en el año 2011 a raíz del desalojo del inmueble, la autoridad fiscal advirtió en 2019 la necesidad de que el valor neto contable del activo fuera nulo al término de la concesión administrativa de 30 años.
Para corregir el desfase derivado del ritmo de depreciación anterior, la entidad ha procedido a la dotación paulatina de deterioros. En los estados financieros de 2024, se registró un cargo por deterioro de 31.220,61 euros con impacto directo en los resultados del ejercicio; técnicamente, dicho ajuste se consigna de forma retrospectiva como imputable al año histórico de 2015, regularizando contablemente el valor del inmueble una década después. Al cierre del periodo, las inversiones inmobiliarias en construcciones reflejan un coste de adquisición de 2.347.414,02 euros, una amortización acumulada de 1.769.873,24 euros y un deterioro acumulado de 218.544,27 euros.
La inercia burocrática y el limbo del Estado
El marco regulatorio e institucional añade un factor de provisionalidad prolongada a la gobernanza de la organización, suspendida en una suerte de atemporalidad administrativa. A pesar de esta parálisis burocrática en la tutela estatal, los estados financieros se encuentran formulados bajo el principio de gestión de empresa en funcionamiento, operando en la práctica de forma independiente respecto a las asignaciones de los presupuestos generales de las administraciones públicas, a la espera de una ratificación legal definitiva que formalice su estatus corporativo.
