La cabecera sectorial cántabra Infopuertos destapó en octubre de 2024 la hoja de ruta de una crisis institucional que los gestores portuarios y el Patronato decidieron soslayar. Bajo la advertencia explícita de que la entidad «cayó en un agujero negro tras detectarse algunas irregularidades hace unos años», las informaciones publicadas ya acreditaban que la Fundación Puertos de Las Palmas «transita sin pena ni gloria, por el tiempo y el espacio portuario».
La crónica ya anticipaba el recelo del sector al señalar que este proyecto «necesitará de contrataciones externas para su desarrollo». La advertencia final fue un dardo directo a los sistemas de contratación aplicados en el recinto: «Esperamos ver esa convocatoria pública o licitación, para que no tengamos que volver a pensar que donde hubo siempre queda, y que el dedo arbitrario de la elección de proveedores sigue instalado en ésta que fue una emblemática institución, aunque sea a través de fórmulas legales como las licitaciones de contratos menores por invitación«. Y eso tiene fecha de octubre de 2024, «y que ahora está en horas muy bajas», advertía.
El análisis revelaba que la institución operaba «sin prácticamente actividad» y se encontraba «pendiente de la ruta que marque Puertos del Estado», sumida en una parálisis corporativa que hacía inviable cualquier estándar de gobernanza pública.
Los datos de la auditoría de Infopuertos confirmaban la tesis posterior de Puertos del Estado de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas llevaba ejercicios intentando que Madrid validara un plan de contingencia. La viabilidad de cualquier salida —incluida la privatización exigida por los supervisores ministeriales— chocaba contra un escollo insalvable. Según detallaba la crónica de 2024, «todo pasa por que la Fundación asuma y liquide una deuda que tiene con el organismo portuario a cuenta de la cesión del edificio».
La negativa de los miembros del órgano de gobierno bloqueó el proceso, puesto que «los patronos, por su parte, la dan por muerta si alguien no asume esa deuda, alguien distinto a la propia Fundación». Este enroque consolidó un bloqueo técnico que obligó al ente a subsistir en la periferia del sistema portuario «sin posibilidad de solución hasta que no se resuelva el entuerto mencionado».
La alerta más severa lanzada por el medio especializado se focalizó en la flagrante contradicción de que una entidad en liquidación técnica y «sin prácticamente personal salvo su gerente en funciones» siguiera actuando como receptora de subvenciones. Mientras se dirimía su disolución, la Fundación Puertos de Las Palmas rompió su inactividad al captar un programa público para «participar en el desarrollo de rutas de turismo pesquero sostenible, en este caso en el Puerto de Las Palmas», proyecto que acabó en manos del lobby de Astican (Laskadiris), Cluster Marítimo de Canarias. El despliegue de esta iniciativa, en colaboración con organizaciones como Fundamar o la Fundación Valenciaport, encendió las alarmas de los analistas sobre la limpieza de los procesos de adjudicación de un ente sin capacidad operativa interna propia.
