En la patronal del puerto de Las Palmas el tono ya no es de cautela, sino de urgencia estructural. José Mayor, presidente de Oneport —la patronal donde los directivos, a diferencia de la tecnocracia oficial, arriesgan capital propio—, puso este martes el dedo en la llaga de una decadencia administrativa que amenaza con convertir al Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (Rebeca) en un mero recuerdo burocrático. En un acto del Colegio de Economistas de Las Palmas, Mayor dijo que «en el puerto de Las Palmas ni tiene personal, ni se le espera», sentenció Mayor, denunciando un anacronismo que ha provocado una fuga de soberanía marítima sin precedentes hacia jurisdicciones más ágiles como Madeira.
Espejismo
La desconexión entre la realidad económica y la formación académica agrava el diagnóstico. José Ramón Barrera, Comisionado del REF, ponente del acto que analizó las potencialidades de las RUP como Canarias en la UE, destacó un dato que explica la falta de relevo en la defensa del fuero canario: el 98% de los universitarios desconoce el catálogo de incentivos de las islas. Ante este vacío, Oneport ha reclamado el liderazgo para cambiar la percepción del Régimen Económico y Fiscal (REF) desde el sector portuario y la logística. Para el inversor, el mensaje es nítido: sin una reordenación profunda del mapa de incentivos y una dotación de personal real en el registro, el Rebeca seguirá siendo un «espejismo de soberanía» en un Atlántico que ya habla mayoritariamente otros idiomas fiscales.
Empleados
El caso es que en Canarias muchos directivos de empresas portuarias son administradores o comerciales, que viene a ser lo mismo, y no defienden nada que tenga que ver con los incentivos del REF en el sector naval salvo que haya ayuda oficial en medio vía BOE. Por eso está medio muerto el Rebeca.
Retroceso
Las cifras de 2025 confirman que el registro canario ha entrado en una fase de desguace técnico. Por primera vez en la historia contemporánea, la flota bajo pabellón nacional ha caído por debajo de la barrera psicológica de los 90 buques, situándose en apenas 84 unidades. Este mínimo histórico no es solo una cuestión de inventario; es una pérdida de músculo financiero. El arqueo bruto (GT) se ha desplomado un 16%, situándose por debajo de los 2 millones de toneladas por primera vez en 22 años. La salida de buques de gran porte, especialmente metaneros —cuyo tonelaje ha caído un 22%—, evidencia que los grandes operadores energéticos ya no encuentran en el incentivo fiscal canario una razón suficiente para soportar la parálisis administrativa del Estado.
El fenómeno del abanderamiento extranjero ha dejado de ser una opción táctica para convertirse en la norma de supervivencia. Mientras el registro español languidece, la flota controlada por navieras nacionales bajo pabellón extranjero ha escalado hasta las 119 unidades. Hoy, casi dos tercios del arqueo total (64%) controlado por armadores españoles navega bajo banderas de otros Estados. En solo cinco años, la cuota del pabellón nacional ha perdido diez puntos porcentuales. Este «arbitraje de banderas» refleja un fracaso institucional: España pierde el control sobre sus activos estratégicos de transporte mientras el entorno de servicios portuarios de Canarias observa cómo empresas establecidas permanentemente en sus muelles operan con la bandera de Portugal en la popa.
