Con una base militar de vecino y una terminal de pasajeros de Baleària muy cerca, la reconfiguración del mapa del transporte marítimo y de las infraestructuras logísticas en el puerto de Las Palmas ha entrado en una fase decisiva de asignación de capital público para su desarrollo. En EE.UU la administración Trump anunció la suspensión inmediata de todos los proyectos de energía eólica offshore en construcción en Estados Unidos. El argumento utilizado son los riesgos a la seguridad nacional. El Gobierno sueco ha cancelado 13 proyectos de energía eólica marina por razones de defensa militar del país. En Las Palmas no aunque si colocan el buque turco de energía que se prevé en la misma zona, alguien habrá pensado en el lucro cesante.
Joan Groizard Payeras, en su condición de presidente del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha firmado la resolución definitiva del programa estatal PORT-EOLMAR, un mecanismo institucional financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU que inyectará un total de 212 millones de euros en la red de puertos de interés general del Estado para ejecutar las adaptaciones físicas necesarias destinadas al despliegue de plataformas de eólica marina y otras energías renovables del mar.
Proyecto financiero
Dentro de este reparto de cuotas financieras por regiones marítimas, la Subregión Atlántico Macaronésica de Canarias (SAMC) ha captado una asignación estratégica concentrada en un único expediente de alta prioridad técnica, otorgando a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la adjudicación directa de una subvención neta de 30.000.000 de euros para un coste subvencionable comprometido de 49,6 millones euros, diseñado para reconfigurar los muelles grancanarios como el principal centro logístico de «ensamblaje» flotante del Atlántico Medio.
El proceso de concurrencia competitiva, cerrado formalmente tras expirar los plazos de subsanación técnica y alegaciones el pasado mes de junio, subraya la agresiva pugna comercial entre las distintas autoridades portuarias del país por el control de la futura cadena de ‘valor’ industrial del transporte marítimo de componentes energéticos.
48 meses
El despliegue financiero de PORT-EOLMAR en Canarias no se limita a la adecuación de la infraestructura de titularidad pública, sino que la resolución definitiva vincula de manera obligatoria la subvención estatal a la ejecución de una inversión en un proyecto industrial asociado por valor de 31.044.935 de euros. Este flujo de capital privado deberá justificarse formalmente ante la administración en un plazo máximo de cinco años, garantizando la implantación de grúas de gran tonelaje y zonas de rodadura pesada preparadas para el tráfico de componentes eólicos de dimensiones extraordinarias.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de un plazo improrrogable de 48 meses para la finalización de las obras físicas de adaptación en las líneas de muelle y explanadas operativas, un cómputo temporal que arranca de forma automática tras la publicación electrónica del documento definitivo, asumiendo los efectos de notificación legal para todos los operadores de transporte marítimo interesados.
Una vez concluido este periodo, la entidad pública dispondrá de una ventana de tres meses para registrar la justificación documental de los gastos de obra ante la Comisión Técnica de Valoración del Estado. El mantenimiento de los 30 millones de euros asignados queda condicionado al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, una directiva aduanera comunitaria que obliga a monitorizar las operaciones de dragado, relleno y cimentación en el litoral de las islas para evitar impactos negativos sobre la biodiversidad marina del entorno atlántico, al tiempo que se activan protocolos estrictos de gobernanza bajo el Reglamento 2024/2509 de la Unión Europea para anular cualquier conflicto de intereses potencial durante las licitaciones de obra civil que se ejecutarán en el recinto portuario hasta el horizonte de 2030.
