Podría titularse: Gobierno de Canarias y la opacidad turca, una alianza estratégica que ignora la debida luz a sus gestiones en Las Palmas. La instalación de una central eléctrica flotante en el Puerto de Las Palmas se ha convertido en un ejercicio de alta tensión política, técnica y, sobre todo, opaca. El buque Powership Yasin Bey (en la foto y ante la costa de Indonesia en 2020 seggún Google Maps), propiedad del grupo turco Karadeniz (Karpowership), se perfila como el salvavidas elegido por el Gobierno de Canarias para evitar el colapso energético de Gran Canaria. Sin embargo, detrás de la urgencia técnica se despliega una estrategia de lobby marcada por una oscuridad inusual, donde los rostros de quienes ejecutan las visitas institucionales permanecen protegidos por un discreto velo corporativo. De momento han logrado que se hable de ubicarlo en una zona sin que sea percibido por los turistas y cerca del entorno vecinal de La Isleta.
Mientras el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), defiende el proyecto como una medida de emergencia indispensable frente al déficit de potencia de las centrales terrestres, la delegación encargada de materializar el desembarco turco adelantada por Canarymaritime opera en una nebulosa. No existen comunicados oficiales que identifiquen con nombres y apellidos a los emisarios que están recorriendo los pasillos del poder en Gran Canaria. Esta falta de transparencia en los interlocutores contrasta con la magnitud de una operación que pretende hipotecar 200 metros de línea de atraque comercial durante un lustro y situar una infraestructura de combustión fósil a escasos metros de un núcleo urbano densamente poblado como La Isleta.
Una ofensiva sin rostros: ¿Quién ha pedido las citas?
La ofensiva del grupo turco para desbloquear las reticencias de la Autoridad Portuariay del Cabildo de Gran Canaria se desarrolla lejos de los focos mediáticos. Los encuentros mantenidos con la presidenta de Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada (CC), y el presidente grancanario, Antonio Morales (NC), han servido para presentar un catálogo de supuestas bondades —seguridad, eficiencia y uso puntual—, pero la identidad de los negociadores que portan el mensaje de Karadeniz Holding es una incógnita para la opinión pública. En cualquier otra licitación de infraestructura estratégica, el perfil de los operadores comerciales sería de dominio público; aquí, el anonimato parece ser una ventaja táctica para evitar un escrutinio más profundo sobre las conexiones políticas que sustentan el respaldo gubernamental al proyecto.
Entre dirigentes empresariales lo llamativo es que una multinacional que busca gestionar el sistema energético de una isla se mueva entre las instituciones canarias con una estructura de representación tan etérea. Esta opacidad alimenta la desconfianza de una comunidad portuaria que ya observa con recelo cómo se prioriza un «parche fósil» —quemando derivados del petróleo en plena Dársena de África— . Las voces críticas, encabezadas por Nueva Canarias, el partido de Morales, denuncian no solo el impacto ambiental, sino la falta de transparencia en un proceso de adjudicación que parece diseñado de espaldas al debate público.
La red de influencias
El respaldo que el proyecto recibe desde la Consejería de Transición Ecológica, bajo el mando del Partido Popular, ha convertido la cuestión en un pulso político de primer orden. Bajo el argumento de la «emergencia», el Ejecutivo autonómico del PP parece haber otorgado un carril rápido al grupo turco. Esta celeridad, sumada a la invisibilidad de los operadores de Karpowership, genera interrogantes sobre la naturaleza de las garantías ofrecidas a la empresa turca en los despachos donde se toman las decisiones.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene ante sí una encrucijada. Por un lado, la presión gubernamental para aceptar una infraestructura que la propia administración portuaria considera un obstáculo para la actividad comercial ordinaria. Por otro, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la transparencia. La decisión final, que recaerá en el Consejo de Administración de Puertos de Las Palmas, no será solo técnica. Se trata de una elección sobre qué tipo de gobernanza quiere la provincia: una abierta a la fiscalización ciudadana o una que cede ante los intereses de un lobby sin nombre que negocia en la penumbra.
Mientras los técnicos evalúan la dispersión de gases de las seis chimeneas del Yasin Bey, la sociedad canaria sigue esperando una respuesta fundamental: quiénes son los hombres y mujeres que realmente ostentan el poder de decisión tras la marca turca y por qué su identidad es un secreto de Estado en un proyecto que afectará, durante al menos cinco años, al aire y a la operatividad económica de Gran Canaria. La democracia energética exige luz; sin embargo, en este puerto, la política parece preferir las sombras.
