Ocurre que en la Fiscalía Europea en Bruselas y que dirige Laura Codruta-Kovesi (en la foto) habría problemas de hipogonadismo: cualquiera que en Bruselas lea el último infome de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España sobre las ayudas comunitarias al transporte de mercancías en Canarias se preguntaría si el Estado en España sigue existiendo. Ya es un mecanismo donde ni los funcionarios,hartos del mobbing o que les tomen el pelo llevando a órganos superiores por la vía política el sorteo de salvedades, se atreven a otra cosa que a taparse la nariz. Es la culminación de un sistema que ha sustituido la realidad por el procedimiento. No es solo ineficiencia; es una ingeniería de la subvención donde la logística se doblega ante el formulario para extraer hasta el último gramo de rentabilidad pública. Los canarios piensan que esto lo paga Bruselas, pero no: sale del IGIC, el IVA canario, y del IRPF de los insulares por no hablar de la inflación que repercute en la calidad de vida de la gente.
Son las ayudas europeas al transporte de mercancías. El corazón del engaño reside en la metodología de cálculo de los llamados «costes tipo». Según denuncia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este 2026, en lugar de basarse en lo que gastaría una «empresa eficiente y bien gestionada», el Ministerio de Transportes de Óscar Puente utiliza simplemente los costes promedios que declaran los propios operadores del mercado. Este sistema permite que las empresas menos competitivas o que inflan sus gastos se vean recompensadas, ya que el Estado solo excluye aquellos costes que superan en más de un 50% la media del trayecto. Es decir, cualquier ineficiencia o sobrecoste que se mantenga por debajo de ese generoso margen del 50% es subvencionado íntegramente con dinero público, generando lo que los reguladores llaman «incentivos perversos». Aquí puedes leer el informe de la CNMC que ha contado con datos de Ineco.
El misterio de los T20 vs T40
Se han detectado aumentos drásticos en los costes tipo para contenedores pequeños (T20) en múltiples rutas, mientras que para los contenedores grandes (T40) los costes han permanecido totalmente inalterados. En los trayectos entre islas no capitalinas – cádiz (agrícolas) los costes para productos agrícolas han subido un 53%, pero para mercancías industriales el coste no se ha actualizado. ¿Qué carga agraria hay que se exporte desde Canarias a la Península de forma intensiva?
El informe revela un cambio de tendencia en 2025 que favorece un goteo constante de subidas: Se proponen 23 ajustes de costes tipo, y absolutamente todos son al alza; no se produce ninguna reducción en ninguna ruta. Los incrementos medios son del 26,5% para productos agrícolas y del 24,8% para productos industriales. Para que el Ministerio suba un coste tipo, ahora basta con que el 50% de las solicitudes de ayuda del año anterior hayan superado el tope (antes se exigía el 80% o el 65%). Esto facilita enormemente que el precio máximo subvencionable suba artificialmente cada año.
La CNMC critica duramente que el Ministerio solo descarte los costes declarados por navieras que sean superiores en más de un 50% a la media. Cualquier ineficiencia o sobrecoste que esté por debajo de ese enorme margen (por ejemplo, un gasto inflado en un 40% sobre la media) es aceptado y financiado con dinero público como si fuera un coste legítimo de una empresa bien gestionada.
El coladero de INECO y la opacidad ministerial
La falta de rigor empieza en el proceso administrativo. Actualmente, la metodología para regar con millones al sector no está fijada en una norma con rango de ley u Orden Ministerial, sino que es la empresa pública INECO la que la desarrolla y aplica a su antojo año tras año. A pesar de que la CNMC ha exigido reiteradamente que este procedimiento sea transparente y se apruebe formalmente, el Ministerio ha ignorado estas advertencias, manteniendo un sistema donde los datos declarados por las navieras no se someten a ningún «análisis cualitativo crítico». El Estado se limita a procesar matemáticamente lo que las empresas dicen que gastan, sin verificar si esas cifras tienen alguna razonabilidad económica o si son simplemente un invento para capturar la mayor ayuda posible.
Arbitrariedades sangrientas: El caso de Tenerife y La Palma
El escándalo cobra forma cuando se analizan las disparidades en las rutas. Por ejemplo, en los informes técnicos de 2025 se detecta que el coste tipo para el transporte aéreo de mercancías industriales entre Tenerife y La Palma se disparó un 83% en un solo año. Sin embargo, para la misma ruta y el mismo avión, si lo que se transporta son productos agrícolas, el coste milagrosamente no sube ni un céntimo. Estas diferencias brutales, carentes de cualquier justificación técnica lógica, revelan una manipulación de los costes para favorecer nichos específicos de negocio, distorsionando totalmente el mercado y la finalidad de la ayuda.
Noticia escrita por Raquel Molina. Editado y verificado por José L. Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
