En los salones de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), el aire de este martes no solo traía los ecos de la macroeconomía global, sino el inconfundible aroma a estrategia electoral. La Junta Directiva celebrada este 28 de abril, bajo la batuta de Pedro Ortega, ha marcado el «kilómetro cero» de una carrera sucesoria que culminará el próximo 30 de junio en un contexto donde no hay patronales portuarias de la economía real como Asocelpa o Oneport.
Con la apertura oficial del proceso electoral aprobada este martes, las patronales con intereses portuarios como la FET, Asosdican, Fedeport, Fedex o Femepa inician un periodo de consultas internas. En la CCE, el sector portuario siempre ha actuado como un bloque de orden. La presidencia de Ortega ha navegado en aguas de consenso, pero la formación de la nueva Junta el 30 de junio determinará quién liderará la interlocución ante el Ejecutivo central y la Consejería de Hacienda para después de 2027, año de elecciones. Actualmente, queda en el perímetro de la patronal Vicente Marrero en la cúpula de la CCE de cuando era directivo de la filial de Lavinia Group por la vía de Femepa.
La guerra no es por un sillón, es por quién tendrá el teléfono directo con el Comisionado del REF. Las patronales con intereses logísticos como Fedeport, Femepa, FET saben que el crecimiento de Canarias para 2026 está bajo mínimos (1,9%). En este escenario de vacas flacas, el puerto necesita que la CCE sea más adicta a las estadísticas portuarias antes que el manguerazo de liquidez del BOC. Con el consumo interno flaqueando, el Puerto de La Luz se erige como el único motor capaz de resistir el temporal en un momento en el que flaquean patronales como Cecapyme, en vías de extinción como Fedalime.
Este no es un proceso administrativo más. Las patronales del Puerto de La Luz y de Las Palmas, históricamente el músculo financiero y logístico de Canarias, observan la apertura del calendario electoral con una mezcla de cautela y ambición. El panorama para 2026 se presenta como un rompecabezas de previsiones en un entorno de «normalización» tras un 2025 excepcional. Mientras Baleares se consolida como motor nacional con un robusto 4,6%, Canarias navega en aguas de mayor incertidumbre. Según los últimos informes oficiales de previsión, la Comunidad Autónoma estima un crecimiento del PIB en términos de volumen de apenas el 1,9% para 2026, una cifra sensiblemente más conservadora que el 2,3% proyectado por la AIReF.
Esta discrepancia en las cifras —que Ceprede sitúa a la región por debajo de la media nacional del 2,4%— refleja la fragilidad de un modelo condicionado por la geopolítica. La alta incertidumbre, alimentada por las revisiones de la Contabilidad Regional de España (CRE) y los riesgos del entorno internacional, entorpece la planificación presupuestaria y obliga al lobby portuario a blindar su competitividad ante una desaceleración que parece más pronunciada de lo previsto inicialmente.
La CCE entra en su fase de renovación en un momento de incertidumbre sistémica, marcada por el impacto de los conflictos en Oriente Medio sobre el IPC local y el deflactor implícito del PIB. El puerto de Las Palmas no solo vota el 30 de junio; vota por un modelo que le permita seguir siendo el safe haven del Atlántico en un año donde la planificación presupuestaria y el cumplimiento de las reglas fiscales nacionales y europeas estarán bajo una presión sin precedentes.
