En los márgenes de la economía canaria existen organizaciones cuya importancia real no aparece en los titulares. Una de ellas es Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, 117 trabajadores, conocida en el ecosistema empresarial como Femete. Su contabilidad de 2024 revela una institución que ha aprendido a navegar con habilidad en la intersección entre empresa privada, administración pública y políticas de empleo.
El ejercicio se cerró con 5,11 millones de euros de ingresos, frente a los 4,32 millones del año anterior. La cifra, sin embargo, solo adquiere significado cuando se analiza su composición: 3,97 millones proceden de subvenciones públicas, mientras que las cuotas empresariales aportan 1,13 millones. El resto corresponde a prestación de servicios y actividades formativas.
Femete mantiene una dependencia directa de su propia filial, Formación del Metal de Tenerife (FMT), a la que debe dos préstamos que suman un principal de 475.000 euros, con tipos de interés que oscilan entre el 3% y el 4,35%. Esta estructura permite que el flujo de capital circule entre la matriz y la filial, reforzando la autonomía del grupo frente a la banca tradicional, que sostiene una deuda de 1,85 millones de euros.
El coste total de personal ascendió a 3,18 millones de euros. El balance también muestra una estructura financiera característica de entidades vinculadas a programas públicos. El activo total alcanza 7,69 millones de euros, mientras que el patrimonio neto se sitúa en 536.969 euros. Buena parte de los activos corresponde a créditos frente a administraciones públicas, derivados de subvenciones concedidas pero pendientes de cobro o justificación.
El verdadero peso pesado del balance es su inmovilizado material, dominado por una nave industrial valorada en 2,77 millones de euros que, tras remodelaciones y la inclusión de un suelo de 204.000 euros, actúa como el ancla de la institución al servir de garantía para su principal préstamo hipotecario. El auditor de la casa, José Ramón Díaz Alonso, no ha podido evitar la inclusión de un párrafo de énfasis que resuena como una advertencia para navegantes: las subvenciones no prescritas están sujetas a la comprobación de los órganos concedentes. No es un detalle baladí en una casa que cerró 2024 con ingresos por subvenciones de 3,97 millones de euros.
La vulnerabilidad se hace más evidente al observar que la Hacienda Pública Deudora debe a la federación 4,98 millones de euros pendientes de cobro, mientras que en el pasivo aguarda un «fantasma» de 4,46 millones de euros en concepto de deudas transformables en subvenciones. Es dinero ya ingresado, pero que técnicamente sigue siendo una deuda hasta que el inspector de turno selle la justificación formal de los proyectos.
Más allá de la frialdad de los grandes números, la memoria de 2024 revela detalles que aportan un color casi costumbrista a la gestión de la patronal. Destaca, por su naturaleza pintoresca, el caso del embargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: existe un saldo de 10.454 euros que permanece «atrapado» por una disputa vinculada a una plusvalía del año 2015, una pequeña mota de polvo burocrático en un engranaje millonario que la Federación pelea en los tribunales. En paralelo, resulta llamativo el capítulo fiscal: a pesar de doblar sus beneficios, el gasto por impuesto de sociedades fue de 0,00 euros. Esta eficiencia se debe a su régimen de entidad parcialmente exenta y al hábil uso de bases imponibles negativas de años anteriores, lo que permite que cada euro ganado se quede en casa.
