El astillero histórico de la bahía de Las Palmas afronta una severa sacudida jurídica de alcance internacional. La ofensiva de la Comisión Europea contra el modelo español de prórrogas concesionales sin concurrencia competitiva ha impactado de lleno en Astilleros Canarios, S.A. (Astican), antigua empresa pública del Instituto Nacional de Industria (INI) y hoy bajo el control del grupo griego Laskaridis.
El dictamen comunitario amenaza con desarticular la seguridad jurídica de la industria pesada en el Puerto de Las Palmas. La declaración de nulidad de las extensiones automáticas obligará a Transportes a licitar nuevamente los activos demaniales bajo estándares internacionales de concurrencia. De confirmarse la invalidez del régimen concesional aplicado desde 2014, el capital extranjero que controla la reparación naval en la bahía grancanaria se verá forzado a acudir a un concurso público abierto para conservar el dominio del espacio que ocupa desde la creación del astillero.
La posición expresada por el Ejecutivo comunitario, que mantiene bajo fiscalización la totalidad de los expedientes del litoral español, reescribe de forma abrupta el marco operativo de la reparación naval en el Atlántico Medio. La garantía de ocupación sobre la que la compañía articuló su estrategia de inversión a largo plazo queda comprometida por el criterio regulatorio de la Unión Europea.
Soberanía
El choque entre Madrid y Bruselas sitúa bajo la lupa la arquitectura legal utilizada por el sistema estatal para blindar a los operadores históricos. La decisión adoptada en 2025 por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas otorgó a Astican una extensión de 25 años adicionales, fijando el vencimiento de su título demanial en el año 2048 y agotando el tope legal de 75 años.
Esta resolución consolidó la reserva en exclusiva de un suelo estratégico clave en el Puerto de La Luz: cerca de 170.000 metros cuadrados de espacio terrestre y más de 41.000 metros cuadrados de lámina de agua. El criterio del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, resulta tajante al considerar que la concesión de extensiones por varias décadas equivale jurídicamente al otorgamiento de un nuevo título, un procedimiento que exige por ley un concurso público internacional, abierto y transparente.
Desequilibrio
Las cifras económicas asociadas al expediente han intensificado el escrutinio de los inspectores comunitarios. La concesionaria abona una tasa de ocupación de 687.233 euros anuales y un canon de actividad fijado en el 0,17% de su volumen de negocio, una estructura de costes reducida para un activo que registra 129 millones de euros en activos contables y ventas anuales que alcanzan los 132 millones.
El expediente de infracción abierto por la Comisión Europea cuestiona que el desembolso de cánones reducidos y la ejecución de planes de inversión privada basten para eximir a las autoridades portuarias del cumplimiento de la Directiva de Servicios y del principio de libertad de establecimiento contemplado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Expansión
La vigilancia de Bruselas pone en entredicho el margen de maniobra de la administración para validar esta concentración de espacio operativo, al tiempo que competidores locales e internacionales cuestionan el riesgo de que la acumulación de hectáreas por un solo operador derive en una posición de dominio en el mercado de la reparación naval del archipiélago.
Traspaso
La marejada regulatoria genera una evidente marejada política entre las administraciones implicadas. Ante el requerimiento formal de la Comisión Europea para examinar la totalidad de los expedientes aprobados tras la reforma legal de 2014, Puertos del Estado ha procedido a trasladar la exigencia de documentación a los responsables de las autoridades portuarias canarias. El organismo central busca distanciar la responsabilidad del Ministerio de Transportes derivando la validez de las resoluciones a los consejos de administración regionales, omitiendo que la norma estatal que desactivó la licitación pública obligatoria se diseñó en Madrid.
