En el complejo tablero del comercio de combustibles en el Atlántico, donde los márgenes de beneficio se miden en céntimos y los impuestos en millones, la precisión lo es todo. Pero mientras los terminales de Petrocan (filial de Cepsa, ahora Moeve) en el Puerto de La Luz operaban con la confianza de un gigante intocable, un equipo especializado de la Guardia Civil, bajo el mandato de la Fiscalía de Las Palmas, tejía una red de vigilancia que ha terminado por exponer uno de los presuntos fraudes fiscales más sistemáticos del sector energético español.
El Dispositivo: Vigilancia en el ‘kilómetro cero’
La investigación, cuyas claves han trascendido con un nivel de detalle digno de un manual de inteligencia aduanera, se centró en julio de 2021 en la salida del recinto portuario grancanario. Los agentes no buscaban un error administrativo aleatorio; buscaban el ‘DO Industrial’, el nombre comercial del producto que salía de los depósitos de Cepsa. El protocolo era de una rigidez militar: cada cisterna que declaraba transportar este diésel en su albarán era interceptada en el contrarregistro del Resguardo Fiscal, frente a la Plaza de Belén María.
Lo que seguía no era una simple inspección de documentos, sino una vigilancia de «guante blanco». Los investigadores realizaban un seguimiento discreto al camión cisterna por las carreteras de la isla hasta su destino final. Solo en el momento de la descarga, los agentes se identificaban, deteniendo el flujo del combustible ante la mirada atenta de conductores y destinatarios.
La prueba de la botella: Tres litros y un precinto de plomo
Para que la prueba fuera incontestable ante un tribunal, la Guardia Civil ideó un procedimiento de extracción casi quirúrgico. Una vez iniciada la descarga, el conductor debía detenerla exactamente a la mitad del proceso. Era entonces cuando se extraían tres litros de combustible, repartidos en tres botellas de cristal de un litro cada una.
Cada botella era sellada con cinta rotulada de la Benemérita y, para evitar cualquier sombra de duda sobre su integridad, se aseguraban con un precinto de plomo con el anagrama del Cuerpo. Todo el proceso —desde la apertura de la válvula hasta el etiquetado— era grabado en vídeo de alta definición. Las nueve muestras recogidas de nueve cisternas diferentes fueron enviadas al laboratorio SGS, líder mundial en inspección y análisis. El veredicto fue unánime y devastador: lo que Cepsa declaraba como fuelóleo era, en realidad, gasóleo.
El arbitraje de los 7,7 millones
La diferencia entre ambos productos no es solo química, sino fiscalmente tectónica. El fuelóleo, un residuo pesado y denso, disfruta de un gravamen mínimo destinado a grandes buques y centrales eléctricas. El gasóleo, por el contrario, soporta una carga tributaria significativamente superior. Al declarar uno por otro, los investigadores calculan que Cepsa eludió el pago de 7.773.298,38 euros entre 2016 y 2021.
La punta del iceberg y la sombra sobre la Administración
Este despliegue policial no solo ha puesto en la diana a dos ejecutivos de Petrocan. La investigación ha escalado hasta las plantas nobles de la Agencia Tributaria Canaria, donde la actual subdirectora de Tributos a la Importación y la subdirectora de Inspección están bajo el foco por su presunta inacción ante las señales de alerta.
Este ‘caso Cepsa’ es un recordatorio de que la vigilancia física —la bota sobre el terreno y el precinto de plomo— sigue siendo la última barrera contra la ingeniería fiscal creativa en las fronteras de la Unión Europea. La punta del iceberg, como la definen los propios investigadores, podría forzar ahora una reestructuración total de la supervisión de hidrocarburos en estos puertos canarios estratégicos.
Esta noticia ha sido realizada exclusivamente con fuentes de inteligencia abierta y el apoyo de nuestros suscriptores. Porque en CanaryMaritime entendemos que fiscalizar al poder exige no ingresar un euro de él.
