La incapacidad de los puertos africanos para contener el crimen organizado marítimo (tráfico de armas, drogas y FFI) se traduce en pérdidas de hasta 50.000 millones de dólares anuales. Para la Unión Europea, cuya frontera sur en Canarias depende de la estabilidad de estas rutas, la seguridad portuaria en África ya no es un coste marginal, sino un imperativo de riesgo geopolítico.
La gestión de la cadena de suministro global se encuentra bajo amenaza en el flanco africano, y las cifras son contundentes. La Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) cifra en 50.000 millones de dólares anuales el impacto de los flujos financieros ilícitos (FFI) y el crimen organizado marítimo —desde el tráfico de drogas hasta el robo de petróleo— que utiliza puertos africanos con controles insuficientes. Este fenómeno, donde la expansión logística ha relegado la seguridad a un segundo plano, genera una «porosidad» que compromete la soberanía africana y, por extensión, la seguridad de las rutas comerciales atlánticas que convergen en la Unión Europea.
Para las Islas Canarias, esta situación se traslada de riesgo teórico a desafío operativo. Como hub clave de transbordo y frontera exterior de la UE, la actividad ilícita en la costa africana impacta directamente en la estabilidad de las rutas comerciales que utilizan los puertos de Las Palmas y Tenerife. El hecho de que un puerto expuesto al tráfico ilícito pierda su atractivo, como advierten los analistas de APANews, no solo perjudica a las naciones costeras, sino que socava la confianza en toda la red de seguridad que se extiende hasta el archipiélago.
Sin embargo, el escenario está evolucionando. El éxito en Marruecos, que ha modernizado su Guardia Costera con apoyo de la UE y EE. UU., y el caso del Puerto Autónomo de Duala (Camerún), demuestran que la inversión estratégica en seguridad rinde dividendos cuantificables. Duala, al integrar controles biométricos, radares y un mayor despliegue de personal, reportó una disminución del 35% en el robo de carga entre 2019 y 2023. Esto valida la tesis de que la seguridad es un factor de competitividad y fluidez operativa, no un coste, un modelo replicable que la OMI busca impulsar en puertos como Tema y Mombasa.
El verdadero desafío es escalar estas soluciones en un contexto de escasez de fondos y limitada cooperación regional. La Estrategia Marítima Integrada de África 2050, respaldada por la OMI y la ONU, promueve una gobernanza y seguridad más sólidas como base para las «economías azules prósperas». El objetivo es crucial para la UE: si la seguridad marítima no se refuerza en el origen, el riesgo de que el crimen organizado utilice la ruta del Atlántico para infiltrar drogas y armas en el mercado europeo a través de los puertos canarios se incrementa exponencialmente.
La inversión en la capacidad de los puertos africanos debe ir de la mano con la inversión en su integridad y control aduanero. Para las autoridades portuarias y el governance de seguridad en Canarias, el monitorio y apoyo activo a estas iniciativas africanas son cruciales. La amenaza asimétrica que emana del crimen marítimo africano exige que la UE reconozca la seguridad portuaria en su flanco sur como una inversión geopolítica defensiva, esencial para garantizar la fiabilidad y el papel de Canarias como gateway atlántico.
