Transvirgin opta desde Las Palmas a controlar el negocio del Marpol en Tenerife en régimen de monopolio como ya hace en Las Palmas. ¿Casualidades en Canarias, donde hay 7 psiquiatras por cada 100.000 habitantes? La concesión del dominio público portuario sobre la parcela SCDP036 a favor de la empresa grancanaria Transvirgin S.L., oficializada en el Boletín Oficial del Estado en agosto de 2026, culmina casi cinco años de trámites desde la adjudicación inicial de su licencia de actividad en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esta resolución le otorga 2.077,57 metros cuadrados en la Dársena de Pesca durante 15 años para instalar una planta de tratamiento de aguas residuales MARPOL IV (aguas sucias) y vertidos industriales, mediante un canon anual de 22.529,94 euros entre tasas de ocupación y actividad.
Castilla
Las fechas no son casuales. El despliegue de la compañía en la provincia occidental en la órbita del presidente de Fedeport, José Juan Socas, replicaría en Tenerife capital un modelo operativo y regulatorio consolidado previamente en la provincia de Las Palmas, donde las decisiones judiciales y las resoluciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han configurado un entorno de mercado concentrado en el interior del recinto portuario. La presidencia de la compañía está asumida por Sergio Socas Álamo, quien ejerce además como consejero y apoderado solidario. La vicepresidencia recae en Alejandro Fernández Ruiz, que es miembro del consejo de Cox, la antigua Abengoa, ocupando de igual manera puestos en el consejo de administración y con facultades de apoderamiento. La secretaría del consejo la desempeña Salvador Cuyás en calidad de secretario no consejero.
En Tenerife tiene licencia por cinco años desde 2021 Transvirgin y justo cuando bordea su cese es cuando tiene luz verde a operar como concesionario de gestión de residuos en Santa Cruz de Tenerife. Ese 2021, en abril, en Las Palmas, se formalizó un recurso de operadores de medio ambiente por la prohibición de trasladar fuera del recinto portuario del Puerto de Las Palmas residuos Marpol IV que provengan de los buques fondeados y/o atracados en el mismo para su tratamiento final. Esos residuos se mandaban al sur de Gran Canaria para sectores como las áreas vedes de hoteles o de negocios del golf.
El precedente judicial en Las Palmas
En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló la resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que prohibió a empresas competidoras —como Gestora de Residuos y Medioambiente S.L.U.— transportar aguas sucias procedentes de buques a plantas depuradoras externas al puerto, concretamente a la EDAR de El Tablero en San Bartolomé de Tirajana.
La decisión judicial se basó en informes del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que concluyeron que las estaciones de depuración de aguas residuales urbanas carecen de autorización específica para procesar efluentes MARPOL IV, calificados técnicamente como «aguas residuales especiales». El dictamen estableció la obligación de procesar estos vertidos en el interior del puerto o derivarlos a gestores autorizados dentro del propio recinto. La sentencia confirmó que Transvirgin S.L. era la entidad que contaba con la autorización específica y la infraestructura física en el puerto de La Luz para el tratamiento directo de dichos efluentes, restringiendo de forma efectiva la salida de los residuos fuera del dominio portuario.
Calendario de licencias y modelo operativo
El otorgamiento de suelo en Santa Cruz de Tenerife abre un escenario operativo particular. La concesión de la parcela en la Dársena de Pesca se produce a falta de un año para el vencimiento de la licencia de servicio que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife otorgó a Transvirgin en noviembre de 2021 por un periodo de seis años.
Durante el lustro transcurrido entre la obtención de la licencia de prestación del servicio y la adjudicación del terreno, la recogida de las aguas residuales en los buques de la provincia occidental ha operado mediante camiones cisterna y redes de transporte logístico. La puesta en marcha de la planta físico-química en el puerto santacrucero buscaría replicar el esquema centralizar el tratamiento del residuo en el interior de la zona portuaria, eliminando la necesidad de fletes interinsulares y ajustando el servicio de la provincia occidental al estándar técnico e institucional fijado en Las Palmas.
