El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ultima lasm licitaciones que quiere dejar enfiladas antes de afrontar el reto de ser candidato a alcalde de La Laguna con el PP. De entrada, será concejal. Suárez este verano ha dado otro paso para consolidar la infraestructura estratégica del Puerto de Granadilla, la joya de la corona de la defensa europea a juicio de los expertos en geopolítica de la OTAN y que por eso recibe tanto mimo por Bruselas.
Se trata de la salida a licitación pública de las obras de cierre y habilitación del muelle de Ribera, el recinto insular se prepara para transformar de manera sustancial su capacidad operativa y logística. El contrato, impulsado bajo una sólida base presupuestaria de 49,4 millones de euros (con el IGIC incluido), representa una de las inversiones públicas más relevantes de la región para potenciar la conectividad marítima, la atracción de mercancías y la logística offshore.
Este proyecto, sin embargo, llega tras un complejo periplo administrativo. El pasado 27 de abril de 2026, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria declaró desierto el primer procedimiento de licitación (expediente C2025-00047) al no concurrir ningún operador económico. Un posterior análisis reveló que la falta de ofertas obedeció al fuerte desajuste entre el presupuesto inicial y los precios reales de mercado.
A principios de 2026, la inflación derivada del conflicto en Oriente Medio, el encarecimiento de la energía y el alza generalizada en los costes de la mano de obra, combustibles, cemento y acero provocaron que las condiciones iniciales no resultaran económicamente viables para las constructoras.
Para adecuar las partidas a la realidad económica y garantizar una concurrencia efectiva, se inició una revisión exhaustiva de las tablas salariales y costes de materiales. Durante este proceso, los técnicos detectaron además un error en el cálculo estructural original de los cajones del muelle: se habían duplicado determinadas hipótesis de cálculo, lo que incrementaba de forma injustificada la cantidad de acero requerida. En agosto de 2026 se redactó una versión corregida que subsanó este exceso sin alterar la concepción, trazado ni dimensiones de la obra, fijando el presupuesto de inversión ajustado en 46.225.311,71 euros (IGIC no incluido).
Persistiendo la necesidad de finalizar el muelle en un ancho de 30 metros y completar los rellenos de la explanada posterior —manteniéndose ya construidos el contradique y las obras de abrigo—, la actuación reanudó su cauce de financiación. El proyecto cuenta con un sólido respaldo europeo: un 32,89% de la actuación cumple con las condiciones para ser cofinanciada a una tasa del 85% a través de los Fondos FEDER (Programa Plurirregional de España 2021-2027).
La ejecución contempla un periodo de 20 meses que se articulará en cuatro ejercicios presupuestarios: arrancando en 2026 con 49.329,63 euros, alcanzando su mayor intensidad en 2027 (12.377.644,35 euros) y 2028 (27.502.582,22 euros), y concluyendo en 2029 con 9,5 millones de euros. Desde la perspectiva de la ingeniería civil, la intervención abarca una longitud de 543,31 metros lineales. La estructura principal se asentará sobre el fondeo e hincado de 11 grandes cajones de hormigón armado, de 48,25 metros de eslora cada uno, cimentados a una cota de -18,00 metros de profundidad. La alineación marítima se rematará en sus extremos con dos bloques de cierre de hormigón sumergido de 5,78 metros cada uno, culminando con la explanación y pavimentación integral de la superficie.
La Autoridad Portuaria ha diseñado pliegos estrictos para evitar distorsiones operativas. Se ha rechazado expresamente la división en lotes para impedir interferencias en el tráfico portuario diario y se exige la adscripción obligatoria de un barco cajonero especializado. Asimismo, queda prohibida la subcontratación del equipo directivo principal (jefe de obra y encargados). El proceso de adjudicación se tramitará mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada (49% memoria técnica y 51% oferta económica). La adjudicataria deberá presentar sus proposiciones en un plazo de 35 días naturales tras el anuncio en el DOUE, asumir la obligación de impartir formación laboral en el recinto y suscribir un seguro de responsabilidad civil marítima por 6 millones de euros.
