La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha activado una estrategia de blindaje legal ante las altas instancias judiciales. La entidad presidida por Beatriz Calzada ha adjudicado una batería de contratos menores destinados a contratar representación letrada y procesal ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las contrataciones coinciden con el cerco de trabajadores de la institución, procedimientos de presunta infracción de buena praxis laboral que amenaza con invalidar nombramientos estratégicos en el recinto grancanario. Nadie ha dicho para qué son esos contratos. Es posible que puedan ser hasta para frenar la carrera judicial de tenedores de amarres en Muelle Deportivo.
Asesoramiento
El órgano de contratación ha cerrado la adjudicación directa del servicio de defensa jurídica a la multinacional KPMG Abogados. Por un importe de 14.000 euros libres de impuestos (14.980 euros tras aplicar la carga fiscal), la firma perteneciente a una de las cuatro grandes auditoras mundiales asumirá el asesoramiento y la dirección letrada de la institución en los recursos interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia. El contrato, formalizado por la vía del procedimiento menor ordinario, establece un plazo de ejecución de doce meses.
Procuradores
La estrategia de personación judicial se completa con la contratación de los servicios de representación procesal. Calzada ha adjudicado a la procuradora Mónica Oca de Zayas la representación ante la Audiencia Nacional por una cuantía de 6.300 euros sin impuestos. En paralelo, la representación letrada ante el Tribunal Superior de Justicia ha recaído en la procuradora Raquel Nieves López Martínez por un montante de 2.040 euros, tras imponerse en una licitación que contó con tres ofertas presentadas. Ambas adjudicaciones estructuran el frente procesal del organismo portuario.
Escrutinio
El despliegue de recursos legales responde a la proliferación de litigios laborales y, aunque no se ha dicho, en torno a concesiones. La decisión de recurrir a asesoramiento externo de primer nivel mediante contratos menores evita la tramitación de expedientes sujetos a regulación armonizada, acelerando la disponibilidad de cobertura jurídica. La institución busca afianzar su posición procesal ante el previsible incremento de contenciosos derivados de denuncias laborales. Diversas fuentes han apuntado que hay al menos 30 denuncias pero esa cifra no se ha podido verificar.
Litigiosidad
La acumulación de causas ante la Audiencia Nacional evidencia el traslado de la contienda portuaria desde los órganos administrativos hasta los tribunales de ámbito estatal. El fichaje de KPMG Abogados pretende articular una respuesta técnica unificada ante resoluciones que comprometen la estabilidad financiera de la entidad y la vigencia de los títulos de ocupación en el litoral grancanario.
