El Gobierno de Canarias ha despachado este lunes un paquete de medidas contra la crisis de Oriente Próximo que oscila entre la beneficencia fiscal y la ciencia ficción administrativa. Bajo el pretexto de una «extraordinaria y urgente necesidad», el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 29,8 millones de euros para los próximos cien días; una cifra que palidece ante la recaudación récord de la comunidad y que busca, sobre todo, que Madrid asuma la mitad de la factura. Sin embargo, el verdadero «bluff» del decreto ley no está en lo que el Ejecutivo gasta, sino en lo que exige como solución de choque: el impulso a la eólica marina.
Incluir los molinos en el mar en una «carta a los Reyes Magos» para paliar los efectos inmediatos de los ataques en el Golfo Pérsico es, en términos de gestión, una pirueta de distracción. Mientras el decreto autonómico tiene una vigencia de apenas tres meses para contener la inflación del gasoil y la cesta de la compra, los plazos reales para que un solo megavatio de eólica marina llegue a la red canaria se miden en lustros. Reclamar proyectos que dependen de subastas estatales, informes ambientales complejos y una tecnología aún en pañales en las islas como respuesta a una guerra que está ocurriendo hoy, retrata la voluntad del Ejecutivo de rellenar con retórica energética lo que no alcanza con presupuesto.
La ofensiva hacia Moncloa se articula en una batería de reclamaciones estructurales que poco tienen que ver con la urgencia del conflicto. El Ejecutivo regional exige la implantación de una bonificación estatal al precio del combustible y la exclusión de Canarias de las medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad, una batalla vieja que ahora se disfraza de necesidad bélica.
En esta carta de máximos, se solicita además la actualización de partidas de los Presupuestos Generales en transporte, agua y agricultura, la creación de un fondo para sectores expuestos y una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que permita prorrogar proyectos y revisar objetivos ante el incremento de costes. Incluir estos puntos, junto al despliegue de molinos en el mar, como respuesta a una crisis de precios inmediata es, en términos de gestión, una pirueta de distracción: los plazos de la eólica marina o de la reforma de los fondos europeos se miden en años, no en los 100 días que dura el decreto de emergencia.
Migajas fiscales y realismo mágico
En el terreno de lo tangible, la respuesta de Clavijo y Domínguez se queda en la superficie. Bajar el IGIC del combustible del 1% al 0% o eliminar el impuesto a la sal, el café y la mantequilla (apenas 900.000 euros de impacto) son medidas cosméticas que el mercado absorberá antes de que el ciudadano note el alivio. El único movimiento con algo de músculo es la devolución del impuesto a transportistas y agricultores al 99%, una concesión de 19,4 millones anuales con la que el PP espera comprar tranquilidad en los sectores que más ruido pueden hacer en la calle.
Pero el núcleo del documento enviado a Moncloa es un catálogo de deseos que mezcla la supervivencia con el oportunismo. El Ejecutivo regional pide flexibilizar reglas fiscales y actualizar partidas de transporte y agua, utilizando el conflicto de Irán como palanca para resolver deficiencias estructurales que nada tienen que ver con los misiles. Al final, el decreto es un ejercicio de equilibrismo político: se protege la liquidez de la Hacienda canaria, se le pasa el recibo a Madrid y se intenta vender el «bluff» de la eólica marina como si los molinos fueran a detener, por arte de magia y de forma inmediata, el encarecimiento de los fletes y la energía en el archipiélago.
