El cierre de una etapa en el puerto de Las Palmas se ha formalizado este lunes con la extinción de Naviera Llera, la empresa que unía a gigantes de la talla del Banco Santander (heredada de Banco Popular) y Inditex, según confirmaron a Canarymaritime fuentes financieras. La empresa ha echado el cierre definitivo mediante una disolución voluntaria, poniendo fin a una trayectoria marcada más por los tribunales que por la navegación. Se trataba de una sociedad para opeaciones de carga del grupo textil.
La extinción de la sociedad no es un movimiento al azar, sino el epílogo judicial de una batalla de casi dos décadas contra la Agencia Tributaria. La liquidación coincide con la victoria de la entidad en la Audiencia Nacional, donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la naviera contra las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2012.
La clave del conflicto residía en el polémico sistema español de arrendamiento fiscal (tax lease), el esquema de ayudas estatales que la Comisión Europea declaró ilegal en 2013, ordenando a España recuperar las bonificaciones. Sin embargo, tras años de recursos en Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio un vuelco al caso en febrero de 2023, dictaminando que la Comisión erró al señalar a los inversores de las AIE como los únicos beneficiarios que debían devolver el dinero.
Ante este revés europeo, la Abogacía del Estado no ha tenido más remedio que allanarse en el proceso nacional. La sentencia de la Audiencia Nacional, con fecha de junio de 2024 pero de efectos definitivos ahora que se formaliza la baja registral, anula las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que pretendían cobrar millones de euros a la naviera del Santander y Amancio Ortega.
El proceso de liquidación ha quedado en manos de Gestión de Inversiones Jilt SA y la propia Inditex, representadas por Juan Carlos Castro Rico y Andrés Sánchez Iglesias, respectivamente. Con la extinción de Naviera Llera, los socios principales cierran una estructura que, aunque exitosa en lo judicial, se había convertido en un lastre administrativo y reputacional por la inseguridad jurídica que rodeó al sector naval español durante años.
