La gerencia de la Fundación Puertos de Las Palmas ha salido al paso de la creciente controversia en torno a su viabilidad legal y el control de su estructura corporativa. Betsabé Morales, responsable ejecutiva de la entidad desde marzo de 2025, rompió el silencio institucional este viernes en ‘El Espejo Canario’, para asegurar que el organismo opera bajo estrictos criterios de transparencia y con un modelo de financiación estrictamente privado. Sus declaraciones coinciden con un momento crítico de fiscalización presupuestaria por parte de Puertos del Estado, organismos que mantienen bajo la lupa el destino del patrimonio fundacional y la influencia de las grandes patronales del sector en los muelles de La Luz. Este lunes hay asamblea de patronos para analizar las cuentas.
«Estamos trabajando»
Dijo que le han intentado intimidar y asustar «y no entiendo ahora esta alarma tan urgente como ha ido saliendo», afirmó. «La anterior gerente se va apenas antes que yo, lo que yo quiero decir es que la Fundación estaba algo paralizada«, dijo Morales. «No entiendo este ataque», dijo. «Estamos trabajando y gracias a Puertos del Estado que nos ha ayudado muchísimo», afirmó la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas. Antes del mes de julio, Fundación Puertos de Las Palmas y Puertos del Estado se van a sentar con la finalidad de buscar una salida a la crisis reputacional y planificar objetivos «en proyectos que trabajen en favor de la comunidad portuaria».
Relaciones con Puertos del Estado
Dijo que la gestión actual es diferente a la heredada en un escenario complejo marcado por la parálisis operativa, el bloqueo documental ante el Ministerio de Hacienda y una profunda crisis de confianza con los operadores comerciales del Puerto de Las Palmas. Morales describió la situación encontrada a su llegada como la de una entidad con amplias potencialidades pero completamente «parada» y carente de una estructura administrativa suficiente. La estrategia desplegada durante el último año, dijo, se ha focalizado en la regularización de las obligaciones contables y en el restablecimiento de los cauces de interlocución con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y las corporaciones logísticas privadas que integran el patronato.
Cuentas
La vertiente financiera concentra el núcleo del debate técnico con los auditores del sector público estatal. Frente a los informes que señalan un descalabro financiero crónico, con pérdidas netas acumuladas de 128.115,91 euros en el ejercicio de 2025 y números rojos por 138.660,30 euros en 2024, la gerencia sostiene que el sostenimiento de la actividad no grava las arcas del Estado. Las fuentes de ingresos de la institución dependen por entero de las donaciones anuales de patronos privados y de la rentabilidad inmobiliaria derivada del arrendamiento de su edificio sede, un activo que reporta un flujo de 319.650,45 euros al año a los balances de la firma.
Patronos natos
El capital privado que tutela el organismo está liderado por las principales multinacionales del muelle. Astilleros Canarios (Astican) —bajo el control del holding naviero de la familia griega Laskaridis—, Boluda Corporación Marítima y Trancoma (Hamilton & Cía) asumen las cuotas de patronazgo ordinario más elevadas, cifradas en 30.000 euros anuales cada una. Esta inyección de liquidez contrasta con la posición de la Autoridad Portuaria y de los patronos natos —que agrupan de buena fe al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad y el Mando Naval de Canarias—, cuyas aportaciones se mantienen en cero, dejando la viabilidad del ente en manos de los intereses comerciales de las firmas estibadoras y navieras.
Poderes
La fiscalización de estos recursos se ha convertido en el principal argumento de defensa de la gerencia frente a las acusaciones de opacidad y captura corporativa por parte de las patronales sectoriales como Fedeport u Oneport. El equipo directivo ha sometido las cuentas anuales a una auditoría externa de carácter voluntario para refrendar el destino de los fondos ante la asamblea de patronos. La dirección reconoce la existencia de un fuerte componente político y de presiones en la esfera pública portuaria, aunque desmiente de forma categórica cualquier intento de injerencia o imposición de perfiles específicos en los procesos de contratación laboral de la plantilla.
El horizonte estratégico diseñado para esquivar la orden ministerial de liquidación se articula ahora en torno a la captación de talento joven, la innovación digital y la cooperación internacional. La Fundación impulsa programas destinados a corregir la brecha entre las demandas de cualificación técnica de las empresas navieras y los planes de estudio locales a través de plataformas de intermediación laboral coordinadas con el Ministerio de Educación. Sin embargo, el futuro de estas iniciativas permanece ligado a la autopsia técnica de los proyectos europeos Interreg MAC, donde la Fundación ejerce como jefe de filas y asume un riesgo financiero estructural que pospondrá cualquier decisión de cierre definitivo hasta el año 2028.
