La política de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas afronta un cerco judicial sin precedentes que compromete la estabilidad institucional de la entidad. Las vistas señaladas en la jurisdicción social para esta semana abren nuevos frentes contra la responsable de Personal del organismo marítimo, Carmen Gloria Rodríguez, situando en el foco de la controversia la inacción de la actual presidenta de la institución, Beatriz Calzada, ante la acumulación de causas por presunto acoso laboral, nepotismo en procesos selectivos e irregularidades en su propia designación.
Una investigación penal por prevaricación y sentencias firmes
El escenario más complejo para la cúpula portuaria proviene de la investigación abierta por la Fiscalía, que señala a la jefa de Recursos Humanos como presunta responsable de un delito de prevaricación administrativa a cuenta de su propio nombramiento, efectuado bajo el mandato del expresidente Luis Ibarra. A esta causa penal se añade la existencia de una sentencia firme dictada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que confirmó la existencia de acoso laboral ejercido directamente sobre una trabajadora del organismo público.
A pesar de los apercibimientos legales formulados por la representación jurídica de la víctima —que solicitó la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de funciones antes de la prescripción de la infracción en enero de 2026—, la presidencia del puerto ha rehusado adoptar medidas cautelares sobre la directiva. La inactividad administrativa contrasta con la persistencia de otras causas penales activas por presunta prevaricación y acoso, entre las que figura la querella tramitada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria.
La controversia por las contrataciones familiares
La presión sobre el departamento de personal se intensifica con la llegada a los juzgados de lo social de las impugnaciones promovidas por las centrales sindicales CSIF y Comisiones Obreras. La vista señalada en el Juzgado de lo Social número 11 abordará las supuestas irregularidades detectadas en el proceso selectivo para la incorporación del cuñado de la jefa de Recursos Humanos, una plaza adjudicada presuntamente sin que el aspirante contara con la titulación requerida en las bases.
El proceso legal salpica asimismo la contratación del hijo de la propia directiva, un procedimiento que, según la denuncia sindical, habría registrado alteraciones sustanciales en el temario de examen tras la presentación formal de la candidatura del familiar, además de contar con la participación directa de la responsable de Recursos Humanos en la elaboración de los criterios de selección.
Juicios por acoso y exigencia de auditoría externa
En paralelo, el Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria acoge un nuevo procedimiento por acoso laboral promovido por un agente de la Policía Portuaria. Este litigio reproduce el esquema vertido en la denuncia planteada en su día por el jefe de Medio Ambiente del puerto, una causa que decayó tras abonar el organismo las diferencias salariales adeudadas por el no reconocimiento de su categoría profesional.
Ante este panorama de litigiosidad encadenada, el sindicato CSIF ha reclamado la ejecución de una auditoría externa independiente sobre el área de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la revisión inmediata de las competencias atribuidas a la presidenta. Beatriz Calzada a la espera mientras los tribunales comienzan a dirimir la validez de la estructura directiva del puerto grancanario.
