«ASOCELPA rechaza la subida de amarre y pide evaluar costes reales del servicioLa patronal de los consignatarios señala la desproporción del incremento del +72% en los gastos de personal y advierte de la sólida salud financiera de la licenciataria del servicio, con un beneficio neto del 15% en 2025.
La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (ASOCELPA) está ultimando sus alegaciones a la Propuesta de Revisión Extraordinaria de las Tarifas Máximas del Servicio Portuario de Amarre y Desamarre en el Puerto de Las Palmas. La entidad considera que la propuesta actual rompe la estabilidad tarifaria del Puerto e impone un sobrecoste injustificado a la comunidad portuaria.
ASOCELPA fundamenta su posición en los siguientes puntos clave:
Impacto directo en la cesta de la compra y la economía canaria
En un territorio insular como Canarias, cautivo del transporte marítimo, cualquier sobrecoste en los servicios portuarios se traslada en cadena a la logística global. Elevar un 30% la tarifa de amarre encarecerá la operativa de los buques, un coste que terminará repercutiendo de forma directa en el precio final de los productos que se consumen.
Metodología regulatoria perversa
La revisión se construye para asegurar el margen del prestador ASOCELPA denuncia que la revisión de los costes se construye de forma inversa a la lógica regulatoria de un servicio regulado en monopolio. En lugar de proteger al usuario frente a precios excesivos mediante un control estricto de costes eficientes y auditados, la metodología de la Autoridad Portuaria acepta primero un nuevo dimensionamiento de medios propuesto por el prestador, construye una cuenta de explotación futura sobre costes declarados no auditados y, finalmente, calcula las tarifas máximas con el único fin de garantizar a SEPCAN un margen empresarial objetivo.
Esta práctica convierte la tarifa máxima en un instrumento de garantía económica del prestador, blindando su rentabilidad a costa del usuario en un mercado donde este no puede acudir a otro proveedor. Resulta incoherente pretender garantizar un margen del 10% mediante una subida tarifaria extraordinaria cuando el prestador ya declaró en 2025 un beneficio neto del 14,88% con las tarifas actuales.
Destacar, que la propuesta contempla elevar los Gastos de Personal a 4,67 M€ frente a los 2,71 M€ del Pliego de 2021, lo que supone un aumento del +71,99%. Además, el modelo financiero calcula la tarifa base ordinaria sobre los medios totales (20 amarradores y 7 vehículos), en lugar de ceñirse a los medios mínimos requeridos en la propuesta de modificación (16 amarradores y 4 vehículos). ASOCELPA defiende que la tarifa debe calcularse sobre los costes obligatorios.
Puntualizar también que el resto de prestadores de los servicios técnico-náuticos del Puerto no han solicitado modificación de sus pliegos, y el propio Informe de Medios de la Autoridad Portuaria reconoce que el Servicio de Practicaje ha reforzado su plantilla, pasando de 15 a 18 prácticos, para atender el incremento de tráfico, lo que evidencia la falta de justificación para alterar las tarifas de amarre.
Inoportunidad de la tramitación en pleno periodo estival
La patronal critica que la Autoridad Portuaria saque a información pública un expediente de esta trascendencia económica en pleno mes de agosto. Esta precipitación dificulta el análisis riguroso por parte de la comunidad portuaria que intenta sacar adelante una subida que carece de justificación técnica y económica.
Penalización a los usuarios por la reestructuración del arqueo acumulado
El Estudio Económico de la Autoridad Portuaria modifica unilateralmente los tramos de Arqueo Bruto (GT) acumulado anual, penalizando directamente a los armadores, obligándoles a tributar por tablas tarifarias más caras
Consolidación indebida de picos coyunturales de tráfico
La APLP justifica el redimensionamiento del servicio en el aumento de tráfico registrado tras la pandemia (2020) y las desviaciones extraordinarias por la crisis geopolítica en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz. ASOCELPA remarca que no se pueden consolidar en la tarifa ordinaria permanente costes derivados de eventos estrictamente coyunturales.
Memoria Económica del prestador
A estos argumentos de fondo, añadir también que ASOCELPA solicitó copia del expediente de la tramitación, sin tener acceso a la Memoria Económica preceptiva de la empresa prestadora (SEPCAN) conforme a lo requerido por la Ley de Desindexación y el RD 55/2017.
ASOCELPA confía en que la Autoridad Portuaria de Las Palmas reconsidere el planteamiento y abra una vía de diálogo para consensuar un marco tarifario proporcional, transparente y comprometido con la competitividad del Puerto de Las Palmas».
