Bruselas interpreta que los monopolios que vienen de la época de Franco tienen que renovarse porque, para algo, España entró en la UE. Las alarmas que sonaban en los pasillos de Puertos del Estado y que esta semana adelantaba Puertos y Navieras han dejado de ser un mero zumbido burocrático para convertirse en una amenaza real sobre el ‘Régimen del 78’ en Canarias.
La herencia fascista que hay que aguantar
El expediente de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por prorrogar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre ha saltado del litoral a las grandes infraestructuras portuarias pone su foco el precio absurdo que Puertos de Las Palmas ha colocado a la concesión una tasa de ocupación de 687.233,50 euros al año, y una tasa de actividad del 0,17% del volumen de un negocio con unos activos registrados por un valor de 129 millones de euros y unas ventas de 132 millones de euros.
Yogur griego
En el centro de este choque legal entre Madrid y Bruselas emergería una pieza codiciada: la mega-prórroga otorgada al grupo griego Laskaridis, Astilleros Canarios, S.A. (Astican), la antigua empresa del INI lanzada en la época de Franco, en el Puerto de Las Palmas. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha sido categórico al señalar que el modelo español vulnera de forma directa el derecho comunitario, la Directiva de Servicios y el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Para el Ejecutivo comunitario, conceder una prórroga de varias décadas equivale jurídicamente a otorgar una nueva concesión, lo que exige por ley la convocatoria de un concurso público, abierto y transparente.
75 años, hasta 2048
Es en este punto donde la lupa de Bruselas compromete de lleno el futuro del astillero de capital griego. En 2025 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó una modificación sustancial que extendió por 25 años adicionales la concesión original del franquismo a Astican, datada de junio de 1973, seis meses antes de la muerte de Carrero Blanco, fijando su vencimiento definitivo en el 11 de julio de 2048.
La resolución, firmada por el director Francisco Trujillo, consolidó un dominio espacial gigantesco: 169.797 metros cuadrados de terrenos y 41.342 metros cuadrados de lámina de agua, condicionado a un plan de inversiones y con un canon de ocupación superior a los 687.000 euros anuales. Y eso sin contar con la compra de espacio a Hamilton (Transcoma) y que este mes de septiembre dará luz verde el consejo de administración de Puertos de Las Palmas con un informe de competencia de un experto ‘independiente’. Por no hablar de los intereses cruzados que hay con otros operadores que le harían incurrir en posiciones de dominio. Es decir: un cáncer falangista.
Manga por hombro
La paradoja radica en que, mientras la Autoridad Portuaria de Las Palmas considera esta operación una herramienta legítima para asegurar unas comprometidas inversiones millonarias sin licitación pública y blindar la reparación naval en las islas, para la Unión Europea representa el ejemplo perfecto de una adjudicación a dedo extendida durante 75 años sin concurrencia competitiva.
Puertos del Estado ha comenzado a requerir a Puertos de Las Palmas, tampoco escapa de esa demanda el Puerto de Tenerife, informes detallados sobre el estado de estos expedientes. Si Bruselas tumba el régimen de prórrogas inaugurado por la ley de 2014, el quebranto para la seguridad jurídica del Puerto de Las Palmas será colosal. No se trata solo de revisar licencias en la costa o puertos deportivos; se trata de que el negocio extranjero de las repareaciones navales de la bahía de Las Palmas se encuentra en el centro exacto de la diana comunitaria.
