En los pasillos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no se respira tensión alguna por la inminente llegada de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), que es como e FBI de la Intervención General del Estado (IGAE). Al preguntar Canarymaritime el pasado viernes por el organismo en los despachos técnicos del recinto, la respuesta de más de un funcionario roza el surrealismo: «¿Pero eso no es el holding privado del Rey de Marruecos?». La confusión, aunque llana y espontánea, retrata el distanciamiento del edificio con la realidad del funcionamiento del Estado. El Groupe ONA (Omnium Nord-Africain) es, efectivamente, el conglomerado empresarial e industrial más influyente de la familia alauita en Rabat; sin embargo, en el ámbito presupuestario del Estado, la ONA representa el brazo ejecutor del control financiero público dentro de la Administración.
Un agujero fiscal de 14 millones
Lejos del Palacio Real marroquí, el verdadero problema en la bahía de Gran Canaria es estrictamente contable y salpica al entramado administrativo del recinto. IGAE ha detectado un conjunto de proyectos considerados tóxicos dentro de la gestión interna de la Autoridad Portuaria. Estas irregularidades, según reflejan los propios informes de la IGAE hechos públicos y alguno en Invente, han derivado en una auténtica amnistía fiscal por valor de 14 millones de euros. La propia auditoría pública es tajante al respecto: una exención fiscal de este calibre en las tasas y liquidaciones portuarias jamás debió haberse producido.
La herencia del andamiaje técnico
En la sede portuaria reina la calma porque las miradas no se dirigen hacia la actual presidencia de Beatriz Calzada. Las fuentes consultadas coinciden en que el foco del fraude no procede de la dirección política reciente, sino del andamiaje técnico que lleva años asentado en la estructura interna de la institución y eso tiene en el organigrama a Francisco Trujillo. Es en esa red de mandos intermedios y jefaturas de área donde se consolidaron los expedientes y las resoluciones contables que permitieron la condonación de las deudas millonarias. A pesar de la gravedad de los hallazgos de la IGAE, los pasillos del puerto siguen funcionando con la inercia habitual, ajenos a cualquier tipo de inspección inmediata.
El peso legal de la ONA
La Oficina Nacional de Auditoría no es un actor menor en el organigrama del Ministerio de Hacienda. Instituida formalmente bajo el Real Decreto 405/1996 y elevada al rango de Subdirección General por el Real Decreto 1330/2000, la ONA ejerce como el eje central del Sistema Nacional de Auditoría. Su cometido abarca desde la elaboración de las normas técnicas del sector público hasta la planificación y ejecución de las actuaciones de control financiero sobre los organismos estatales. Con la reforma introducida por el Real Decreto 1182/2020, la ONA adquirió además competencias clave como Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la supervisión continua del sector público institucional.
Estructura y divisiones de control
Bajo la dirección inmediata del Interventor General de la Administración del Estado, la ONA despliega su actividad a través de seis divisiones especializadas. La División de Auditoría Pública I y la División de Auditoría Pública II asumen la planificación y ejecución de las auditorías sobre los organismos públicos. Por su parte, las Divisiones de Control de Fondos Europeos I y II supervisan la gestión de las partidas comunitarias y el Mecanismo de Recuperación, mientras que la División de Control e Información de Subvenciones gestiona la Base de Datos Nacional. Finalmente, la División de Coordinación de Control Financiero Permanente vela por el desarrollo normativo y la homologación de procedimientos en todo el territorio nacional.
Impunidad en el muelle
A pesar de que la ONA ostenta la potestad legal para desplegar sus equipos de auditores nacionales en cualquier entidad del sector público institucional, en Las Palmas nadie prepara carpetas ni revisa expedientes sancionadores. La desconexión entre la gravedad de los informes emitidos por la IGAE y la pasividad de la Autoridad Portuaria evidencia una grieta en el sistema de supervisión. Mientras la amnistía fiscal de 14 millones de euros descansa en los folios de los informes oficiales, el recinto portuario continúa con su ritmo diario, protegido por la distancia geográfica y por la convicción generalizada de que la auditoría pública es solo un acrónimo lejano confundido con un consorcio empresarial del país vecino.
