El 16 de enero de 2018, Las Palmas fue el escenario de una puesta en escena financiera de alto nivel: el presidente de Redexis, el canario Fernando Bergasa, y el vicepresidente del BEI, Román Escolano, formalizaban un préstamo de 125 millones de euros ante la mirada del consejero de CC en el Gobierno de Canarias de Industria, Pedro Ortega, hoy presidente de la CEOE con sede en Gran Canaria. Bergasa pensaba que en su tierra no le iban a hacer la maldad. Pero se la hicieron. Cuando el presidente del Cabildo de Gran Canaria se opuso, el Gobierno canario se cuadró y dejó colgado a Bergasa y Redexis se esfumó.
El despliegue de cifras era embriagador: una inversión global de 500 millones, 2.900 kilómetros de red subterránea y la promesa de crear 700 puestos de trabajo para llevar aire propanado a ocho municipios clave. Sin embargo, lo que se vendió como la revolución energética del archipiélago terminó engrosando la lista de desastres institucionales en las islas. Los interlocutores de prensa de Las Palmas fueron hasta sustituidos por otros de Tenerife por mandato misterioso.
La operativa de Redexis en Canarias es el ejemplo de libro de cómo un proyecto con «grado de inversión» y respaldo europeo se difumina cuando cae en manos de una interlocución local más preocupada por el blindaje mediático que por la seguridad jurídica. El plan, que pretendía alcanzar al 85% de la población y conectar a cientos de hoteles y hospitales, se quedó atrapado en el laberinto de las autorizaciones y la hostilidad administrativa. Mientras los lobbistas de salón vendían acceso a los despachos de la Consejería de Economía e Industria, la realidad técnica chocaba con la falta de un apoyo institucional sólido que fuera más allá de la foto protocolaria.
Este naufragio comparte el ADN de otros proyectos fallidos en los puertos canarios, donde la figura del intermediario chusquero actúa como un filtro que ensucia la inversión exterior. En lugar de allanar el camino, estos actores —a menudo incrustados en las patronales— gestionan las expectativas de las multinacionales a través de campañas de blanqueo en prensa que no tienen incidencia real en la tramitación del expediente. Al final, los 125 millones del BEI y la fortaleza de caja de Redexis no sirvieron de nada frente a un ecosistema donde la subvención pirraca y el compromiso volátil de los políticos locales son la norma.
Hoy, la red de 2.900 kilómetros es poco más que un esquema sobre el papel y una frustración para los 425.000 hogares que esperaban una energía más competitiva. El fracaso de Redexis evidencia que en Canarias no basta con tener el dinero y el plan técnico; hace falta una arquitectura institucional que no esté secuestrada por intermediarios que confunden el lobby con el tráfico de influencias, y que terminan provocando que los inversores pierdan los papeles, y el capital, de forma absurda.
