Lo que comenzó en la primavera de 1997 como una marea extractiva en el Atlántico ha terminado, casi tres décadas después, en un naufragio definitivo en los despachos del Tribunal Supremo. Cinco marineros basados en Tenerife han visto cómo el sistema judicial pone fin a 28 años de espera con una sentencia que llega tarde y vacía: el tribunal ha desestimado su recurso de casación, confirmando que la negligencia de CCOO a la hora de reclamar sus sueldos ha quedado, legalmente, impune.
El conflicto se remonta a la campaña realizada entre el 28 de abril y el 5 de julio de 1997. Los trabajadores, enrolados en el buque Marocopesca IV, nunca percibieron los salarios devengados. Al regresar, confiaron su defensa a la asesoría jurídica de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Canarias, sindicato al que estaban afiliados. El sindicato asumió la gestión, pero cometió un error fatal: tras una sentencia del TSJ de Canarias en 1999 que declaraba la competencia de los juzgados de Las Palmas, CC.OO. nunca llegó a presentar la demanda allí. Este ‘olvido’ dejó morir la acción de reclamación salarial, un error que el propio sindicato intentó camuflar durante años con comunicaciones ambiguas.
El entramado empresarial: Marocopesca S.A. y Frucasa
La reclamación original de los marineros no solo apuntaba a su empleador directo, sino a un complejo entramado societario para asegurar el cobro. La demanda inicial se dirigía contra Marocopesca S.A., empresa con domicilio en Rabat (Marruecos), armadora del buque; Frucasa, que actuaba como pieza clave en la logística y representación, a la que los marineros intentaron derivar responsabilidad solidaria por la gestión de la campaña. Y Frigoríficos Unidos de Canarias S.A. y diversos empresarios individuales.
El objetivo era que Frucasa respondiera por los impagos de la armadora marroquí, pero ese juicio nunca llegó a celebrarse en el fondo del asunto porque CC.OO. dejó prescribir el plazo. Cuando los marineros se dieron cuenta del engaño y demandaron al sindicato por responsabilidad civil en 2012, reclamando los 31.401,52 euros que habían perdido (más intereses), ya era demasiado tarde.
El periplo ha sido un ejercicio de resistencia humana frente a la burocracia. En febrero de 2003, la asesoría de CC.OO. envió un correo electrónico a los trabajadores que resultó ser una trampa legal. En él, les daban esperanzas de que el caso seguía vivo, pero el Tribunal Supremo ha dictaminado ahora que ese correo no sirvió para interrumpir la prescripción, ya que la acción contra la empresa ya estaba muerta desde 1999 por la inactividad del sindicato.
Tras pasar por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Santa Cruz de Tenerife (que les dio la razón en 2019) y la Audiencia Provincial (que se la quitó en 2020), el Supremo ha puesto el clavo final en enero de 2026. Aunque el Alto Tribunal admite que hubo «resoluciones contradictorias» y un comportamiento cuestionable por parte del sindicato —razón por la cual no les condena a pagar las costas del juicio—, la realidad es que el tiempo ha ganado la batalla. Los marineros, tras casi media vida litigando, se quedan sin sus salarios de 1997, sin indemnización y con la amarga certeza de que su defensa los dejó desprotegidos frente a las empresas.
