La crisis interna de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha alcanzado un punto de no retorno en la mesa de su propio consejo de administración. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado un escrito formal en el que exige la intervención inmediata del máximo órgano de gobierno del recinto portuario para frenar la deriva organizativa del organismo. La petición incluye la realización de una auditoría externa e independiente sobre la gestión de Recursos Humanos y el examen detallado de las competencias que actualmente tiene delegadas la presidenta de la entidad, Beatriz Calzada (CC).
La iniciativa del sindicato llega tras meses de tensión laboral acumulada y apenas unas semanas después de que la Inspección de Trabajo obligara a la Autoridad Portuaria a realizar una evaluación de riesgos psicosociales. Aquel estudio, que contó con la participación de casi dos tercios de la plantilla, destapó unos niveles alarmantes de deterioro en el entorno de trabajo, señalando la existencia de violencia psicológica y conflictos interpersonales derivados de fallos en la estructura directiva. Según la información publicada por Canarias Ahora, el CSIF sostiene que estos episodios no constituyen casos aislados, sino que son el reflejo de deficiencias estructurales en la política de personal que se arrastran desde hace años.
En su escrito, la representación sindical retrata un escenario marcado por la improvisación permanente, la alteración constante de los organigramas y la incapacidad para dimensionar adecuadamente la plantilla. El documento denuncia la ausencia de negociación real con los representantes de los trabajadores, así como múltiples fricciones en la aplicación del convenio colectivo. Entre los episodios citados para ilustrar esta falta de rumbo organizativo se recuerda el choque institucional vivido con la Policía Local de Arrecife, derivado de disputas competenciales y de la imposición de sanciones a los propios vehículos oficiales de la Policía Portuaria en Lanzarote.
La auditoría externa reclamada por el CSIF busca someter a revisión todos los procesos de selección y promoción interna del personal público, los nombramientos de responsables intermedios y la tramitación de expedientes sancionadores. La central sindical exige comprobar si las decisiones adoptadas bajo el mandato de Calzada han respetado los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad, objetividad y transparencia. El objetivo final es determinar si se han producido irregularidades graves en el área y depurar las responsabilidades políticas o administrativas que correspondan.
Con este movimiento, la representación de los trabajadores traslada la presión directamente a los vocales del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. El órgano supremo del puerto de La Luz deberá decidir si mantiene el actual esquema de delegación de facultades en materia de personal en favor de la presidencia o si, por el contrario, retoma el control directo de Recursos Humanos para intentar reconducir un área convertida en el principal foco de inestabilidad interna de la institución.
