El proyecto para levantar una terraza de lujo en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que prometía ser la joya del ocio nocturno de la isla, ha terminado convirtiéndose en un complejo caso de estafa agravada y falsedad documental. Lo que empresarios de los grupos GTA S.L., MC S.L. y R 1983 S.L. creyeron que era una oportunidad de oro para explotar el litoral chicharrero, resultó ser un montaje jurídico diseñado para drenar sus cuentas. La Fiscalía, según la documentación a la que ha accedido este diario, solicita seis años de prisión para el cerebro de la trama, ERBV, y cuatro para su colaborador, DLVdA.
El engaño se cimentó sobre una base burocrática inexistente pero aparentemente impecable. Los acusados presentaron a los inversores una batería de resoluciones y permisos que, sobre el papel, llevaban el sello de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Servicio de Costas y el Ayuntamiento capitalino. Con estos documentos falsificados, simularon que el proyecto ya contaba con las concesiones necesarias para ocupar el suelo portuario y las licencias de actividad para la apertura inmediata. Bajo esta falsa seguridad, las víctimas transfirieron un total de 422.800,70 euros destinados a la supuesta puesta en marcha del negocio.
Sin embargo, el rastro documental expuso que la realidad en el puerto era de un vacío absoluto. Las consultas posteriores confirmaron que ninguna de las administraciones implicadas había emitido jamás tales permisos, y que el ambicioso complejo de ocio nocturno en el frente marítimo de Santa Cruz no era más que un «espejismo» administrativo. El capital aportado, que los inversores creían protegido por la solidez de las instituciones portuarias, desapareció en una red de contratos privados de compraventa del 50% de un negocio que nunca tuvo base legal.
La resolución del caso queda ahora en manos de la Audiencia Provincial, con el foco puesto en la restitución de las cantidades estafadas. La Fiscalía exige que los acusados indemnicen de forma solidaria a los administradores afectados —DJAH, IMC y RJMA— con la suma total del capital defraudado más los intereses devengados. Este proceso pone de relieve la vulnerabilidad de la inversión privada en las zonas portuarias de Canarias cuando la diligencia debida se pone en manos de gente chusquera.
