En un giro inesperado que redefine la geopolítica interna de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la presidenta de este centro de poder, Beatriz Calzada, ha decidido este jueves retirar a última hora del orden del día del Consejo de Administración el expediente clave que iba a sellar la venta del negocio de reparaciones navales Hamilton y Compañía (filial del grupo catalán Transcoma) a Astilleros Canarios propiedad del grupo griego Laskaridis. La operación, tramitada como la transferencia de una concesión de dominio público de más de 8.000 metros cuadrados en el cotizado Dique Reina Sofía, ha quedado congelada de forma cautelar ante la aparición de un operador rival interesado en disputar esa misma posición estratégica.
La presidenta de la entidad ha optado por blindar la seguridad jurídica de la decisión antes de dar luz verde a un movimiento de concentración que reestructuraría el peso de la industria pesada en el muelle. La suspensión del acuerdo abre un periodo de incertidumbre sobre el destino definitivo del Área Funcional 6. La paralización de la transferencia obliga a Hamilton y a Laskadiris a reconsiderar los plazos de su transacción comercial, mientras la Autoridad Portuaria analiza la solidez de las pretensiones de la competencia para determinar si procede licitar el espacio de manera abierta o si el expediente de transmisión directa cumple con la legalidad vigente.
El desenlace de esta pugna marcará la hoja de ruta de la reparación naval en Las Palmas para la próxima década. Si el Grupo Laskaridis logra superar los reparos de la competencia y formalizar la toma de control de los terrenos de Hamilton, afianzará una hegemonía operativa sin precedentes en el recinto grancanario. Por el contrario, si el frenazo de la presidencia abre la puerta a un reparto de la concesión o a la entrada de un tercero, el mapa de poder en el Reina Sofía vivirá un reequilibrio histórico que redefinirá los precios y la oferta de servicios a la flota internacional que cruza el corredor atlántico.
El punto 3.1 de la convocatoria del consejo contemplaba la aprobación formal del traspaso del título otorgado originalmente en febrero de 2019. Esta concesión autoriza la explotación de una superficie de 8.076 metros cuadrados destinada a reparaciones navales y a una terminal polivalente especializada en graneles sólidos no alimentarios, descarga de materiales pesados como barita, bentonita y cemento, además de mercancías menores, con la exclusión expresa del tráfico de contenedores. La maniobra estaba concebida para cerrar la integración operativa de las infraestructuras adyacentes de Hamilton dentro del perímetro de Astican, consolidando un dominio casi absoluto sobre los servicios de soporte a la industria offshore y la reparación naval en la zona funcional del muelle.
La batalla por el dominio del Dique Reina Sofía
La retirada del asunto del debate institucional refleja las crecientes tensiones por el reparto del suelo portuario en el enclave grancanario. El movimiento de la presidencia no responde a un mero formulismo administrativo, sino a la irrupción de alegaciones planteadas por otro actor del sector con un peso determinante en el mercado insular.
El Dique Reina Sofía se ha convertido en el suelo más codiciado de la logística portuaria de Las Palmas. La concentración de activos concesionales en manos de un operador con una cuota de mercado multidominante ha encendido las alarmas en el sector, que argumenta el peligro de que se configure una posición dominante de facto en los servicios auxiliares de reparación y manipulación de graneles industriales. Con la retirada del punto, la Autoridad Portuaria de Las Palmas gana margen para reevaluar las condiciones de competencia del expediente y evitar posibles recursos por vía contencioso-administrativa que encallen la gestión del dominio público.
Impacto en la reestructuración del grupo Transcoma
Para el grupo Transcoma, matriz de la histórica consignataria Hamilton y Compañía, la congelación de la venta supone un contratiempo temporal en su estrategia de rotación de activos y simplificación de su negocio de terminales en el archipiélago. La firma buscaba monetizar una concesión obtenida hace siete años para reorientar su capital hacia otras líneas operativas en la península y los recintos del Mediterráneo, confiando en una tramitación limpia ante el consejo de administración de la institución grancanaria.
