El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra un comercial del sector alimentario por un presunto delito de estafa. La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión, la privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas del juicio para el acusado, identificado como JJPA y conocido bajo el apodo de ‘IP’.
Los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2019, cuando el acusado trabajaba como comercial del grupo Galecan, una firma dedicada al comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios. Según relata el representante del Ministerio Público en sus conclusiones provisionales, el procesado utilizó la cuenta de correo oficial de la compañía para realizar una importante orden de compra a un proveedor.
El pedido constaba de 7.400 kilos de perca por un importe total de 32.724 euros. La mercancía fue entregada ese mismo día de forma personal por una empresa de transportes frigoríficos en el barrio de Jinámar. La acusación sostiene que el comercial actuó con la intención de obtener un beneficio económico ilícito a sabiendas de que el vendedor no cobraría el importe acordado.
Para consumar el engaño, el imputado hizo creer al proveedor que la operación contaba con el visto bueno de la dirección de Galecan y que la gestionaba formalmente en el ejercicio de sus funciones. La investigación determinó que la compra carecía de la autorización de la empresa. El objetivo final del trabajador era apoderarse del pescado para venderlo por su cuenta a terceras personas.
El fraude quedó al descubierto cuando el afectado reclamó formalmente el pago de la factura, primero al propio comercial y posteriormente a la mercantil. Ante el impago de la mercancía, el perjudicado inició las acciones legales para recuperar el dinero, solicitando la devolución íntegra de la cuantía defraudada.
La Fiscalía califica esta actuación como un delito consumado de estafa y señala al acusado como autor directo. El escrito judicial detalla asimismo que la víctima deberá ser indemnizada en la cantidad exacta de 32.724 euros en concepto de responsabilidad civil, con la aplicación de los intereses legales correspondientes.
El procesado cuenta con antecedentes penales por delitos contra la seguridad vial dictados por juzgados de Santa Cruz de Tenerife entre los años 2015 y 2017. Estas condenas previas no generan reincidencia al no pertenecer al mismo título del Código Penal, por lo que el Ministerio Fiscal no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en la causa cuya apertura de juicio oral ya ha sido solicitada ante los Juzgados de lo Penal.
