La ofensiva institucional desplegada en Bruselas por las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife ha abierto una profunda brecha de desconfianza en el seno de la Comisión Europea. El frente común articulado junto a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de Francia y Portugal para exigir una flexibilización drástica del sistema de comercio de emisiones (ETS) al transporte marítimo ha sido recibido con severas reservas por los equipos técnicos comunitarios. Los representantes canarios Beatriz Calzada y Pedro Suárez han trasladado su alarma ante la pérdida de conectividad frente a competidores del norte de África, tropezando con la resistencia de los responsables de las políticas climáticas de la Unión Europea.
Fuentes comunitarias de alto nivel consultadas en la capital europea expresan un profundo desconcierto ante la estrategia de negociación bilateral empleada por la delegación del archipiélago. Altos funcionarios de la Comisión Europea señalan de forma directa que las demandas de excepcionalidad debilitan la coherencia de la política de descarbonización marítima y generan malestar en las Direcciones Generales, encargadas de supervisar la distribución de los fondos de cohesión. Los despachos de Bruselas critican que Canarias se beneficie de flujos de capital comunitario preferentes y asignaciones presupuestarias especiales para infraestructuras, para posteriormente reclamar cláusulas de exclusión cuando entran en vigor las exigencias medioambientales del bloque.
El malestar en el ejecutivo comunitario se ve alimentado por la falta de una posición unívoca dentro del propio tejido político y social de las islas. Informes internos del funcionariado europeo advierten que en Canarias no todo el mundo defiende el mismo criterio de exención fiscal, existiendo sectores alineados con las tesis de la transición verde estricta que rechazan la prórroga de las emisiones de carbono. Esta fragmentación de la postura canaria erosiona la credibilidad de sus gestores portuarios, proyectando una imagen de debilidad que los negociadores europeos aprovechan para mantener intactos los plazos de la revisión normativa fijada para el próximo mes de julio.
«¿Los saharauis de Europa?»
La parálisis en la interlocución y el aislamiento técnico en el centro del continente han deteriorado el peso político de la comunidad autónoma en los órganos de decisión. Analistas de diplomacia económica en Bruselas sugieren que la posición de Canarias dentro de las estructuras de la Unión Europea empieza a guardar paralelismos con el rol subordinado y de constante reclamación asimétrica que ejercen los saharauis en Rabat. El archipiélago corre el riesgo de quedar atrapado en un bucle de dependencia presupuestaria y subordinación jurídica, donde sus singularidades geográficas son tratadas como elementos periféricos manejados según las prioridades estratégicas de las grandes potencias continentales.
La urgencia de las patronales del transporte marítimo responde al temor real a una deslocalización de los tráficos de transbordo hacia plataformas portuarias fuera de la jurisdicción de la Unión Europea. El desarrollo logístico de recintos como Tánger Med en Marruecos o los nuevos desarrollos en el África Occidental ofrecen a las grandes navieras internacionales alternativas operativas exentas de cargas impositivas por CO2, amenazando el encarecimiento de la cesta de la compra en una economía insular que importa el 85% de sus bienes de consumo. Pese a que el Observatorio UE-ETS de Puertos del Estado ha documentado una contracción real en la conectividad de contenedores de larga distancia, Bruselas mantiene el pulso regulatorio, exigiendo contrapartidas medioambientales antes de conceder cualquier trato de favor en el mercado transatlántico.
