El aislamiento político de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se ha profundizado tras la negativa de las principales patronales del sector a salir en su defensa. Entidades proveedoras de la Fundación Puertos de Las Palmas que operan en la órbita de Fedeport y el Clúster Marítimo de Canarias —organizaciones que comparten directivos e intereses cruzados— han optado por el silencio estratégico ante la demoledora última auditoría del Puertos del Estado. La parálisis defensiva de estas asociaciones empresariales evidencia el temor a verse arrastradas por un expediente de fiscalización que apunta a distorsiones severas en las reglas de la libre competencia dentro del recinto portuario empleando el brazo social de Puertos de Las Palmas como lobby bloqueante. Fedeport la preside José Juan Socas, gestor de servicios portuarios, y tiene como gerente a Elba Bueno, que es gerente del Cluster Marítimo de Canarias. Y este tiene como presidente de Germán Suárez Calvo, adminstrador único, no presidente como insisten los medios insulares, de Astican, la filial insular del grupo griego Laskadiris Group. Todo ese entorno ha hecho ósmosis monetario en la Fundación Puertos de Las Palmas para el mantenimiento y consolidación de sus estructuras.
El detonante de ‘Canarias7’ y la crisis de la gerencia
El desmarque patronal coincide con la filtración en la prensa local (Canarias7) de que Calzada baraja el cese fulminante de la gerente de la Fundación para intentar frenar una crisis de credibilidad institucional que amenaza con desgastar sus últimos apoyos dentro de Coalición Canaria. Sin embargo, fuentes del sector advierten que la medida llega tarde. La auditoría de Puertos del Estado ha puesto al descubierto un consolidado establishment que presuntamente instrumentalizaba una entidad sin ánimo de lucro para desviar flujos de liquidez hacia corporaciones empresariales y sindicales afines. Los técnicos estatales exigen un desmantelamiento estructural de este entramado, un escenario que ha empujado a Fedeport a mutar operativamente hacia el Clúster Tecnológico de Canarias con el fin de seguir captando fondos europeos del programa MAC sin levantar sospechas.
El pozo sin fondo de los proyectos Interreg MAC
El principal foco de riesgo reputacional y financiero se concentra en el bloque de las ayudas europeas gestionadas por la Fundación, que totalizan 3,04 millones de euros. Programas como CLUSTERING (2016-2019), la plataforma de digitalización 4p0rt (2019-2023) y el actual Blue Supply Chain (2025-2027) sirvieron de cobertura formal para canalizar recursos hacia consultorías, desplazamientos y programas de formación en Senegal y Mauritania. Estas partidas terminaron sufragando elevadas minutas de hasta 10.000 euros por servicios docentes prestados por directivos del sindicato de estibadores y patronales sectoriales, eludiendo de forma sistemática los canales de contratación ordinarios y a los centros académicos cualificados de las islas.
El subsidio oculto que no frena la quiebra técnica
La viabilidad jurídica del modelo se desmorona al analizar el esquema de sostén ordinario de la institución. Puertos del Estado desveló que la Fundación se mantiene a flote gracias a un subsidio público encubierto de 300.000 euros anuales derivados de la cesión gratuita de un edificio patrimonial de la Autoridad Portuaria. Pese a este blindaje de dinero público, la gestión acumuló un déficit neto de 266.776,21 euros entre 2024 (-138.660,30 euros) y 2025 (-128.115,91 euros). En ese inmueble tienen presencia dos patronos de la Fundación: la patronal Fedeport y el Cabildo de Gran Canaria con la SPEGC.
Vulnerabilidad penal ante un inminente cambio político
La decisión de Calzada de dilatar medidas contra el mecanismo patronal que la rodea la coloca en una posición de extrema vulnerabilidad penal. En la comunidad portuaria se da por descontado que un futuro relevo político en la terminal portuaria propiciará una apertura masiva de archivos. Este escenario judicial amenaza directamente con reactivar los antiguos sumarios por presunta corrupción que ya en el pasado sacudieron a los estibadores, funcionarios y gestores de las terminales de Las Palmas, rompiendo el pacto de silencio que hoy impera en el muelle.
