La medianoche del viernes 24 de agosto de 1979, la diplomacia estadounidense activó una alerta confidencial desde la Oficina de Asuntos Oceánicos, Ambientales y Científicos Internacionales (OES). El telegrama cifrado despachado bajo la firma del entonces secretario de Estado adjunto Warren Christopher, que después sería mano derecha de los presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton, fue enviado con carácter de urgencia a las delegaciones diplomáticas de Madrid y Durban. La inteligencia pesquera norteamericana intentaba desmantelar un entramado comercial encubierto que operaba al margen de las directivas de la Comisión Ballenera Internacional (IWC), utilizando la infraestructura logística del Puerto de Las Palmas como epicentro de sus operaciones clandestinas en el Atlántico.
Falsa fachada en astilleros sudafricanos
El documento, ahora desclasificado, pone el foco sobre dos embarcaciones procedentes de Sudáfrica, el Susan y el Theresa. Ambas naves, nacidas originalmente como balleneros, habían sido reconvertidas formalmente en arrastreros de pesca dentro de los astilleros de Durban para eludir los controles internacionales. Los informes confirmaban que los barcos permanecían amarrados en el puerto sudafricano debido a un repentino incremento en las tarifas de las licencias de pesca impuesto por las autoridades canarias. Washington sospechaba que el cambio de pabellón y la presunta actividad pesquera eran una fachada para reiniciar la caza masiva de mamíferos marinos desde el Muelle de La Luz.
Entramado corporativo y destino asiático
Las pesquisas del Departamento de Estado vincularon la propiedad del Susan y el Theresa con el grupo armador detrás del Sierra, el ballenero pirata más célebre de la época. Detrás de esta operativa figuraba una red de sociedades pantalla encabezada por la firma Sierra Fishing Company, registrada en Panamá pero controlada mediante estructuras fiduciarias en Liechtenstein. La gestión operativa de la flota remitía al magnate naviero noruego Andrew M. Behr y la compañía A/S Vestfold, mientras que la distribución de la mercancía congelada se articulaba a través de contratos con el gigante pesquero japonés Taiyo Gyogyo (Maruha Nichiro).
Soporte logístico en el Puerto de La Luz
Este entramado operaba sin bandera regulada desde la capital grancanaria, apoyándose en agencias de consignación de capital vasco como Consulmar para la tramitación de escalas, avituallamiento y repostaje. La flota aprovechaba la posición geográfica del archipiélago y la falta de supervisión sobre las descargas en el puerto para abastecer de carne de ballena al mercado asiático. Washington requirió a la embajada en Madrid averiguar si el encarecimiento de los permisos en Canarias respondía a un intento deliberado de las autoridades locales por frenar la piratería marítima o si se trataba de una reestructuración de tasas portuarias.
Operaciones furtivas en el Atlántico
El telegrama requería información sobre las operaciones del Cape Fisher, una cuarta nave sospechosa de realizar capturas de mamíferos marinos en aguas jurisdiccionales de España y Portugal. Las alertas internacionales indicaban que este barco actuaba en coordinación con estaciones balleneras terrestres de la Península e Islas Canarias, sirviéndose de Las Palmas como punto ciego para el reabastecimiento de combustible, pertrechos y la transferencia de carga en alta mar.
Tensiones geopolíticas y desclasificación
El texto expone la compleja red de banderas de conveniencia, entramados societarios y armadores sin escrúpulos que convirtieron a las Islas Canarias en un punto neurálgico del tráfico pesquero no regulado a finales de los setenta. La desclasificación del documento por parte de la archivera Sheryl P. Walter saca a la luz las tensiones geopolíticas y el uso de la diplomacia de inteligencia para frenar el negocio ilegal en el Atlántico Medio.
