El debate sobre el futuro del puerto de Fonsalía ha reaparecido en el centro del tablero político de Tenerife a raíz de una discrepancia metodológica y política entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno insular. La inclusión del proyecto en la nueva Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias se apoya en un Plan Insular de Ordenación (PIOT) aprobado en 2002, un marco normativo que la propia corporación tinerfeña considera caduco e incapaz de responder a las exigencias demográficas, ambientales y de conectividad actuales.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha señalado que el documento autonómico toma como base una planificación que el pleno insular acordó reformar por unanimidad. Esta revisión, en fase de preparación, dejará abierta la ubicación definitiva del nodo portuario encargado de conectar Tenerife con las islas occidentales —La Palma, La Gomera y El Hierro—, supeditando cualquier desarrollo al contraste riguroso de alternativas técnicas y, de forma prioritaria, a la variable de impacto ambiental.
La controversia no solo pone de relieve el desfase entre la planificación autonómica y la realidad insular, sino que evidencia las tensiones internas que atraviesa el pacto de gobierno en el Palacio Insular. Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) mantienen posturas distantes respecto a la viabilidad de la infraestructura en la costa de Guía de Isora, un desacuerdo que quedó explícitamente al margen del pacto de gobernabilidad a la espera de un consenso técnico posterior.
Un pacto dividido en la costa de Guía de Isora
Desde la vertiente nacionalista, Ruano reiteró el rechazo de CC a la construcción del macropuerto original, argumentando que los condicionantes ambientales en la franja marina del suroeste de la isla desaconsejan una obra de esa envergadura. La formación aboga por reevaluar el mapa de transportes marítimos mediante el fortalecimiento de las instalaciones existentes o la búsqueda de alternativas con menor impacto sobre los ecosistemas marinos.
En contraste, el Partido Popular se niega a retirar la opción del catálogo de infraestructuras estratégicas. El vicepresidente insular Lope Afonso (PP) ha defendido la necesidad de mantener el debate abierto, proponiendo una reconsideración del diseño original de Fonsalía. La alternativa conservadora plantea un puerto de dimensiones sensiblemente reducidas, sin capacidad de carga comercial pesada y orientado en exclusiva al transporte interinsular de pasajeros y vehículos ligeros hacia las llamadas «islas verdes».
Para el PP, la congestión operativa del puerto de Los Cristianos exige una solución estructural que no puede demorarse indefinidamente sin comprometer la cohesión económica del archipiélago occidental. La formación insiste en que cualquier resolución debe sustentarse en evaluaciones objetivas de idoneidad técnica y viabilidad medioambiental, sin descartar a priori la ubicación isorana si se redefine su escala.
Alegaciones y plazos administrativos
El Cabildo de Tenerife presentará alegaciones formales a la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente del Gobierno de Canarias con el fin de corregir las referencias al planeamiento de 2002. La corporación insular prevé presentar un avance de la modificación del Plan Insular de Ordenación antes de que concluya el actual mandato. El proceso de reforma normativa determinará si Tenerife opta por descentralizar su red portuaria hacia el suroeste o si consolida el eje Los Cristianos-Santa Cruz mediante mejoras operativas y tecnológicas. La resolución del expediente condicionará la asignación de fondos públicos para infraestructuras de transporte en la próxima década y medirá la capacidad de la coalición insular para consensuar un modelo de conectividad sostenible frente a las exigencias de la administración autonómica.
