«Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido». Con estas mismas palabras abría Lázaro de Tormes su prólogo para justificar la necesidad de sacar a la luz las miserias y astucias de su tiempo. Cuatro siglos después, la máxima cobra un sentido literal en los pasillos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Pese a los empeños institucionales por dar carpetazo al asunto con resoluciones que reducen las filtraciones a un mero «exceso de celo» y un laberinto de pleitos laborales que parece diseñado para adormecer el procedimiento, los hechos documentados amenazan con romper el cerco del silencio. La causa penal sigue viva en los juzgados para evitar, precisamente, que el mayor escándalo documental del puerto quede enterrado en la sepultura del olvido burocrático.
Niebla de guerra
El frente judicial ha quedado atrapado en un laberinto de prejudicialidad y presuntas tácticas defensivas. La presunta estrategia procesal de la funcionaria —que optó por querellarse contra la cúpula portuaria argumentando que las medidas disciplinarias y de reubicación departamental constituyen una represalia tras negarse a alterar un informe— ha logrado embarrar el ritmo de las diligencias. Al entrelazarse el contencioso laboral sobre la validez del desplazamiento de su puesto de trabajo con las demandas administrativas e investigativas, el juez de la causa penal ve frenada la posibilidad de articular un avance decisivo en el procedimiento instructorio del ‘Wikileaks’ que se invetigaba.
En la dirección de las infraestructuras públicas, la parálisis institucional suele ser el método más efectivo para neutralizar el alcance de un escándalo de corrupción. El intrincado conflicto judicial que sacude a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que ha contaminado al expresidente Luis Ibarra ha entrado en un bucle de sombra y estancamiento procesal. La suspensión de los procedimientos laborales de fondo ha levantado una barrera técnica que impide al juzgado de instrucción 6 de Las Palmas avanzar con firmeza en la clarificación de las gravísimas presuntas irregularidades cometidas en la gestión del dominio público marítimo-terrestre. Hubo una sentencia en abril de 2023 pero fue recurrida y es lo que está en Instrucción 6. Según Canarias 7, en el auto se señalaba que los artículos en los que se basó la denuncia «no encajan en presupuesto del artículo 439, que tipifica las negociaciones prohibidas a funcionarios ni se refiere a las personas y conductas previstas en el artículo 440» del Código Penal.
Un canal de comunicación directo
El núcleo de las actuaciones judiciales orbita sobre la actuación de la antigua jefa de Dominio Público, E. M. A través de una sucesión de denuncias internas interpuestas en el canal ético de la institución y querellas en sede penal, se han documentado presuntos trasvases sistemáticos de información confidencial hacia la firma de consultoría Análisis Ingenieros, copropiedad de su pareja. Los correos electrónicos incorporados a las causas —que por su volumen y nivel de detalle confidencial recuerdan a una suerte de WikiLeaks de cabotaje— muestran un presunto patronazgo de colaboración interna en el que la funcionaria remitía expedientes técnicos, valoraciones de suelo, informes sobre los faros de Fuerteventura e incluso borradores modificables con mensajes tan explícitos como «de aquí también puedes copiar cosas» o «por si te sirve. Bss». Así lo contaba Canarias 7.
Auto-Tune o Capella
La decisión administrativa se sustenta en el informe emitido por el director del Puerto de La Luz y de Las Palmas, Salvador Capella, quien concluyó que no se observan «conductas de las que se pueda deducir indicios racionales de encontrarse ante una posible infracción disciplinaria de carácter muy grave». La resolución responde a la denuncia presentada por el empresario Juan Luis Bethencourt Gallego, quien acusaba a la funcionaria de favorecer presuntamente los intereses comerciales de su pareja sentimental, el ingeniero Hubert Lang-Lenton Barrera, en detrimento del interés público y mediante el suministro de información confidencial de los archivos portuarios a la firma Análisis Ingenieros SL. Así lo contaba La Provincia en 2018.
Filtración de proyectos de la competencia
El esquema de posible favoritismo institucional rebasó la mera ayuda en licitaciones públicas. Denuncias ya en 2019 revelaron la presunta filtración de proyectos pertenecientes a empresas competidoras y particulares que optaban a suelo portuario en enclaves tan estratégicos como Arinaga o La Luz. Datos sobre canalizaciones de productos petrolíferos, requerimientos medioambientales y borradores internos firmados por la dirección terminaron en manos de la consultoría privada antes de su notificación oficial. Esta presunta vulneración de la custodia documental no solo comprometió los intereses de operadores privados, sino que dinamitó las garantías de transparencia competitiva del mayor puerto del Archipiélago.
Lentitud en la vía disciplinaria
Esta parálisis técnica beneficiaría a los tiempos de la defensa mientras la cúpula portuaria intenta reorganizar la instrucción de los expedientes disciplinarios internos. Tras delegar el Consejo de Administración en la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, las facultades para incoar expedientes dada la recusación del director del puerto —inmerso en las querellas cursadas por la propia funcionaria—, la maquinaria administrativa se mueve con una lentitud exasperante.
El resultado es un escenario de impunidad diferida donde las evidencias documentales sobre filtraciones de expedientes clave en el Puerto de Las Palmas continúan atascadas entre estrados. La incapacidad de la justicia para resolver de forma coordinada las vertientes laboral y penal no solo retrasa el esclarecimiento de las responsabilidades individuales, sino que proyecta una profunda sombra de duda sobre la seguridad jurídica y la integridad operativa del sistema portuario canario.
