La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha alcanzado su mayor hito patrimonial histórico al superar por primera vez la barrera de los 900 millones de euros en activos totales al cierre del ejercicio. El balance oficial de la institución revela que el valor de sus infraestructuras, terrenos y recursos financieros escaló hasta los 901,6 millones de euros, consolidando un crecimiento sostenido del patrimonio neto que ya roza los 822,1 millones de euros. Esta demostración de solvencia financiera, fundamentada en una sólida cifra de negocios de 79,3 millones de euros, oculta una severa política de contención de costes que ha dejado la estructura laboral del organismo público bajo mínimos históricos.
La expansión del balance financiero contrasta de forma drástica con el progresivo adelgazamiento de sus recursos humanos. El puerto grancanario cerró el último año con una plantilla media de tan solo 315 trabajadores, la cifra más baja registrada en toda la última década. Este recorte de personal operativo y administrativo se ha consolidado tras años de amortizaciones de plazas y jubilaciones no cubiertas, situando el volumen de empleados muy por debajo de los 339 profesionales con los que contaba la entidad en el año 2017 o incluso de los 327 trabajadores en plantilla activa durante 2015.
Esta agresiva reducción de la plantilla ha disparado la rentabilidad media por empleado pero ha encendido las alarmas sobre la capacidad operativa de la institución. Los 79,3 millones de euros facturados en el último ejercicio fueron gestionados por un equipo humano un 7% más pequeño que el de hace una década, lo que sitúa la ratio de facturación por encima de los 250.000 euros por trabajador. La falta de efectivos afecta de manera directa a los servicios esenciales de policía portuaria, las tareas de inspección de seguridad en los muelles de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y ralentiza la tramitación administrativa de las nuevas concesiones de suelo industrial.
El saneamiento financiero del puerto canario se ha cimentado sobre este estricto control de los gastos de personal, permitiendo retener beneficios y elevar las reservas año tras año. Las críticas sindicales apuntan a que la congelación del empleo público portuario asfixia la gestión diaria en un momento en el que el puerto registra niveles máximos de actividad en el suministro de combustible y el tráfico de contenedores. El espectacular crecimiento del activo, que ha sumado casi 80 millones de euros desde el año de la pandemia, se sostiene sobre una estructura laboral cada vez más debilitada y sobrecargada, evidenciando que la eficiencia del balance se ha logrado a costa de sacrificar el empleo público en las dársenas.
