Las fricciones en la contratación pública en el África Occidental suelen traducirse en complejas disputas reputacionales y financieras cuando los marcos regulatorios locales chocan con la gestión de las empresas internacionales. El cruce de acusaciones entre el Ministerio de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Ganadería de Senegal y la compañía española Intermaq 2012 SL ha alcanzado su punto de máxima tensión tras las declaraciones televisadas del ministro Mabouba Diagne en la cadena Télé Futurs Medias (TFM). La firma madrileña, adjudicataria de un ambicioso plan de modernización agrícola, ha calificado de falsas las afirmaciones del representante gubernamental y exige un desmentido público inmediato ante lo que considera un grave perjuicio para su reputación corporativa en los mercados globales.
El conflicto gravita en torno al grado de ejecución y las transferencias de capital del contrato T0520/22, un acuerdo bilateral suscrito en marzo de 2022 que contempla el suministro de equipos agrícolas avanzados y la edificación de 120 almacenes estratégicos de depósito en territorio senegalés. El ministro Diagne sembró la alarma en los círculos financieros al declarar que la sociedad española ya había percibido un montante de aproximadamente 99 millones de euros a cambio de entregas valoradas en tan solo 17.000 millones de francos CFA. Esta supuesta asimetría en los flujos de caja ha sido rebatida de forma drástica por la dirección de la empresa en un comunicado oficial firmado por su administrador general, Fernando Marco Blanco.
Los balances contables presentados por Intermaq muestran un escenario financiero radicalmente inverso al relatado por el Ejecutivo senegalés. La corporación sostiene que la facturación total emitida hasta la fecha asciende únicamente a 25 millones de euros, de los cuales solo ha cobrado de forma efectiva 15 millones de euros. Según sus estados de cuenta, el propio Ministerio de Agricultura arrastra un descubierto acumulado con la proveedora de cerca de 10 millones de euros. Esta deuda pendiente incluye una factura impagada de forma sistemática desde diciembre de 2024, a la que se añade el remanente retenido de manera unilateral sobre las maquinarias que ya se encuentran físicamente en destino o entregadas.
Un laberinto burocrático y aduanero en el puerto de Dakar
La parálisis del proyecto expone los fallos estructurales de la administración aduanera en la terminal del Puerto Autónomo de Dakar. Frente a la amenaza del ministro Diagne de requisar de forma forzosa los contenedores allí bloqueados para repartirlos entre las cooperativas agrarias locales, Intermaq aclara que el colapso logístico responde de forma directa a la incapacidad del ministerio para emitir los títulos oficiales de exoneración fiscal contemplados en los anexos contractuales. Esta inacción institucional ha obligado a la compañía española a asumir un sobrecoste financiero superior a los 450 millones de francos CFA en concepto de recargos por fianzas y almacenaje portuario.
Para desbloquear parte del cargamento rodado, la firma se vio forzada a negociar de forma unilateral una exención de contingencia bajo el régimen de Admisiones Temporales Excepcionales ante la dirección de aduanas. De las 21 unidades de transporte marítimo expedidas desde puertos españoles, la firma ha logrado trasladar 17 contenedores hasta las plantas de ensamblaje finales. La dirección técnica de Intermaq certifica que el capítulo de suministro de maquinaria agrícola se encuentra ejecutado a un 70% de los objetivos fijados y añade que el cumplimiento de los hitos de entrega habría alcanzado el 100% de no haber mediado las continuas rupturas contractuales imputables al propio ministerio de la nación africana.
Las tentativas de arbitraje y las ofertas de reestructuración tarifaria por parte de la proveedora tampoco han obtenido cauce oficial. Intermaq detalla un prolongado silencio administrativo a las múltiples comunicaciones remitidas desde junio de 2024, una falta de interlocución que motivó el envío de una misiva directa al propio presidente de la República de Senegal en febrero de 2026 para alertar sobre el bloqueo operativo. La única notificación remitida por el equipo de Diagne data de septiembre de 2025, exigiendo una rebaja unilateral del 10% en el coste de los almacenes y del 5% en los lotes de piezas de recambio. Pese a que Intermaq aceptó un descuento excepcional en las infraestructuras que supuso un esfuerzo neto de 1,8 millones de euros (1.180 millones de francos CFA) —notificado formalmente en septiembre y ratificado en diciembre de 2025—, el ministerio ha mantenido congelados los pagos.
El contencioso se aproxima ahora al terreno judicial. El administrador general, Fernando Marco Blanco, ha advertido que cualquier intento de incautación forzosa vulneraría el derecho internacional y los títulos de propiedad de las mercancías, abriendo un escenario de litigación de graves consecuencias financieras para el Estado senegalés. Intermaq exige la regularización inmediata del convenio complementario firmado en mayo de 2025, la entrega de los permisos arancelarios y la liquidación de los importes vencidos. De lo contrario, la firma activará los recursos legales disponibles ante los tribunales de Dakar y de Madrid para blindar sus derechos comerciales frente al impacto reputacional derivado de las declaraciones ministeriales.
