El bloqueo político del PP al dique flotante del puerto de Tenerife capital no ha evaporado solamente 11,6 millones de euros en salarios. Las barreras técnicas implantadas en un puerto que no aplica problemas para lanzar fuegos artificiales en la Dársena Pesquera (Distrito Anaga) no solo paraliza una infraestructura clave para el sector naval, la inactividad del dique flotante Hidramar Ultra 22000 destruye directamente ingresos públicos y masa salarial en la isla, según el Sindicato de Trabajadores Portuarios de Tenerife. La central sindical califica lo que está ocurriendo en la Autoridad Portuaria de Tenerife como «resultado de una campaña gansteril» contra «el empleo cualificado», «están generando problemas al Estado y aquí el Estado parece que no existe».
«Esto es absurdo, esto lo dice alguien en algún despacho de Madrid o Bruselas y no se cree. El otro día con el escenario del Papa colocando de atrezo un cayuco en una superficie industrial como un muelle no hubo ningún problema, pero hacerle caso al Papa con la doctrina social de la Iglesia nada de nada, no lo denunciamos por respeto a la sociedad tinerfeña», dijo una portavoz del STPT. «Eso de la seguridad es mentira, es porque tienen presiones desde Las Palmas», dijo la misma fuente.
«Se dice y no se cree»
Tras amarrar en abril de 2026 en la capital tinerfeña tras una travesía trasatlántica desde China, la instalación debía entrar en funcionamiento operativo a comienzos de junio. La imposibilidad de operar a pleno rendimiento desde mayo hasta finales de agosto ha supuesto un quebranto fiscal y laboral de primer orden.
En estos cuatro meses de parálisis, la Tesorería General de la Seguridad Social ha dejado de ingresar aproximadamente 4,26 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales a cargo de la empresa y de los trabajadores. Esta aportación omitida responde a la masa salarial necesaria para cubrir la plantilla directa proyectada de 700 profesionales de alta cualificación, con sueldos base que parten de los 3.500 euros mensuales y alcanzan los 7.000 euros en especialidades de soldadura y calderería pesada.
Por su parte, la Agencia Tributaria ha sufrido un menoscabo directo de unos 2,58 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Aplicando una retención media del 22% conforme a los tramos de renta media estimados para este perfil técnico en el archipiélago, el retraso acumulado durante el verano priva a las arcas estatales y autonómicas de un flujo de recursos que debería haber ido a parar a los servicios públicos del archipiélago.
El impacto sobre la economía familiar de la isla resulta demoledor. Durante el periodo de inactividad, los trabajadores del sector naval y las nuevas incorporaciones técnicas han dejado de percibir cerca de 11,76 millones de euros en salarios brutos directos. Un volumen de renta disponible que ha quedado congelado antes de llegar a los comercios, servicios e industrias auxiliares de la economía local.
La negativa a conceder una ampliación técnica puntual de cuatro metros en la franja concedida no solo pone en peligro operaciones con buques tipo Panamax, sino que amenaza con desviar la actividad industrial hacia la isla vecina de Gran Canaria. El STTP denuncia que mientras la compañía afronta los costes fijos de mantenimiento del dique, la hacienda pública pierde cerca de 1,7 millones de euros al mes entre tributos directos y cuotas a la Seguridad Social.
A la parálisis operativa se suma la falta de flexibilidad en los trámites portuarios, donde la administración rechazó la instalación de un centro de formación propio aduciendo limitaciones de planeamiento para adultos dentro del recinto. La combinación de trabas regulatorias y rigidez espacial en los muelles convierte un proyecto industrial estratégico de 240 metros de eslora en una vía de agua para las cuentas públicas de Canarias.
