Un entramado financiero internacional que canalizó más de 418 millones de euros en compraventa ficticia de derechos de emisión de dióxido de carbono tuvo entre sus piezas clave a una sociedad consignataria y fletadora radicada en la capital grancanaria. Las liquidaciones formuladas por los héroes de la Agencia Tributaria frente a la trama, confirmando un quebranto fiscal a las arcas públicas de 57,3 millones de euros por cuotas no ingresadas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el caso de una de las socidades a las que ha indentificado como ‘grupo Israelí’.
La conexión con el puerto de Las Palmas se instrumentalizó mediante la mercantil Blue Marlin Chartering S.L., afincada en la calle Graciliano Alfonso de Las Palmas de Gran Canaria. Dedicada sobre el papel al fletamento, consignación y servicios naval. Según recoge la resolución judicial de este mes de septiembre a la que ha tenido acceso este periódico, la empresa fue utilizada para emitir facturación opaca por un valor de 19.119.120 euros dirigida a la mercantil pantalla Técnicas De Aprovechamiento de la Radiación Solar S.L. (Teaproraso).
La Inspección de Tributos ha acreditado que el control y la gestión real de la mercantil correspondían al máximo directivo quien formalizó el traspaso de la administración única de la empresa a su chófer con el fin de ocultar la autoría y la gestión efectiva de la entidad. En estas transacciones, la sociedad consignataria canaria repercutió 2.049.664 euros en concepto de IVA. La cuota resultaba inaplicable e inasumible en la operativa real por las peculiaridades de la fiscalidad insular (donde rige el IGIC) y el propio diseño de la estafa. Para blindar de responsabilidades a los verdaderos gestores, la dirección ejecutiva de la firma —ejercida en la sombra por el directivo— fue traspasada formalmente a su propio chófer, quien figuraba en el registro como administrador único.
Turrón y truchas
El fraude se articuló mediante la tipología del «comerciante desaparecido» (missing trader o sociedad «trucha»). Estas entidades compraban masivamente derechos de emisión a operadores extranjeros sin abonar IVA por el régimen de inversión del sujeto pasivo. Seguidamente, vendían los derechos a sociedades «pantalla» —como la que recibía la facturación desde Las Palmas— aplicándoles el impuesto correspondiente.
El IVA recaudado por las truchas no se ingresaba en Hacienda, sino que se evadía hacia cuentas de paraísos fiscales y países terceros como Hong Kong, Georgia, Emiratos Árabes Unidos y Chequia. Finalmente, las sociedades pantalla vendían los títulos a grandes empresas energéticas y brókeres (como Sendeco2, Gas Natural o CM Capital Markets), que solicitaban válidamente la devolución o deducción de un IVA que jamás había entrado en la Hacienda Pública.
Naviera Zabat
El Grupo Israelí, directamente vinculado a la plaza canaria, estuvo integrado por la firma grancanaria Blue Marlin Chartering S.L. junto a Naviera Zabat S.A., Tu Stock en el Mundo S.L. y la entidad no residente Mourinio Ltd. Este entramado llegó a facturar un volumen total de 17.653.285 euros a la plataforma de negociación Sendeco2, lo que se tradujo en una cuota defraudada a la Hacienda Pública que ascendió a 2.803.014,22 euros. Por su parte, el Grupo Pakistaní articuló sus operaciones fraudulentas mediante las sociedades trucha Global Green Energies y Espinel Levantina.
A través de estas mercantiles, la red movilizó un volumen de negocio de 92.582.930,49 euros en transacciones dirigidas a los operadores Sendeco2 y CM Capital Markets, provocando un quebranto fiscal por impago de IVA de 12.737.543,94 euros. En cuanto al Grupo Inglés I, la operativa se estructuró a través de la mercantil Energías Ecológicas Renovables S.L. en calidad de empresa pantalla. Esta rama canalizó un total de 144.205.171,77 euros en compraventa de derechos de emisión, consumando un fraude a las arcas públicas que alcanzó los 19.818.620,92 euros en cuotas del impuesto.
La división que concentró el mayor volumen mercantil de todo el expediente fue el Grupo Francés, asentado operativamente mediante un entramado de sociedades en La Jonquera y diversos puntos de Cataluña. Este bloque transaccionó una cifra global de 163.931.356,40 euros y generó la mayor cuota defraudada del circuito, fijada en 22.028.000 euros. Finalmente, el Grupo Inglés II recurrió a las sociedades Saman Soluciones y Meridiano Zero Cellular para actuar como intermediarias pantalla frente a la distribuidora Gas Natural SGD. El propósito principal de esta red fue el blanqueo y desvío de capitales, logrando transferir más de 30 millones de euros en operativa bancaria internacional hacia cuentas radicadas en el extranjero a nombre de firmas como Armada Capital Inc o Eucalyptus Worldwide.
