El Estado contra el Estado. Advirtió en su día Gaspar Melchor de Jovellanos en sus escritos sobre el buen gobierno que «no hay peor tormenta para un Estado que dejar el timón en manos de una jaula de grillos». La máxima ilustrada cobra plena vigencia a raíz de la fiscalización del ejercicio 2025: el pasado 27 de julio de 2026, la Intervención Territorial de Las Palmas firmó un documento que pone a caldo los estados financieros de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, los mismos que contaron con el visto bueno del consejo de administración donde se sienta el vocal y expresidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena. O bien miró para otro lado o bendijo un balance viciado, amparado en el celo casi secreto con el que se custodian las actas del ente portuario.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha puesto bajo la lupa los balances contables de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de 2025. El informe de auditoría del Sector Público, al que ha tenido acceso este miércoles Canarymaritime, está cargado de salvedades y señala irregularidades recurrentes en la valoración de activos y en el tratamiento de los créditos fiscales del organismo portuario. La alerta pública de la IGAE expone deficiencias estructurales en la contabilización de concesiones e infraestructuras del dominio público en el principal enclave logístico del Atlántico Medio.
Al igual que en la gestión de las concesiones, el órgano fiscalizador recalca que «similares hechos ya fueron expuestos en ejercicios anteriores». Y es cierto, como adelantó Canarymaritime hace meses.
La opacidad de las bonificaciones concesionales
Los auditores públicos centran su reproche principal en el tratamiento otorgado a las inversiones realizadas por operadores privados. El documento oficial certifica que «se han detectado cinco concesiones en las que Puertos de Las Palmas está aplicando bonificaciones por haber efectuado inversiones, ya sea rellenos en la lámina de agua, muelles, pantalanes, duques de alba u otras obras de atraque y amarre».
El mecanismo genera un doble desajuste económico. Según denuncia el órgano fiscalizador, «estas bonificaciones se aplican sobre la superficie de terrenos o la lámina de agua en la que se han realizado las inversiones, lo que supone una pérdida de ingresos sobre los terrenos o la lámina de agua inicialmente concesionada a cambio de disponer de una mayor superficie de terrenos o mejores instalaciones en el dominio público portuario».
La distorsión contable incumple la normativa financiera aplicable al Sector Público. La IGAE subraya que «estos derechos y obligaciones no se han recogido en las cuentas anuales contraviniendo lo previsto en el Plan General de Contabilidad». La razón radica en que «la Autoridad Portuaria de Las Palmas liquida tasas por unos bienes que no han sido registrados en balance, a pesar de formar parte del dominio público y, simultáneamente, estas tasas se ven minoradas debido a que los citados activos han sido sufragados por el concesionario».
Un desfase patrimonial de 15,5 millones
El impacto en los estados financieros altera de forma directa la foto fiel de la Autoridad Portuaria. Las cifras desglosadas por la auditoría estatal cifran el quebranto patrimonial en varias partidas clave del balance.
El informe concluye de forma tajante que «por todo ello el activo se encuentra minusvalorado en 15,5 millones de euros, los resultados de ejercicios anteriores en 3,3 millones de euros, el resultado del ejercicio en 451 miles de euros y los restantes 11,7 millones de euros deberían figurar en el pasivo y trasladarse a resultados durante el período concesional bonificado«. La fiscalización añade un matiz agravante al recordar que «similares hechos ya fueron expuestos en ejercicios anteriores», constatando la inacción del ente portuario para corregir la anomalía.
Dudas sobre el crédito fiscal
El segundo frente de salvedades recae sobre la transparencia tributaria del organismo ante el Impuesto sobre Sociedades. Los auditores cuestionan los criterios utilizados para mantener registrados activos por deducciones pendientes de compensar.
La IGAE determina que «la información contenida en la nota 18 de la Memoria acerca de la aplicación y activación de créditos fiscales por deducciones pendientes de aplicación en el Impuesto sobre Sociedades se considera insuficiente«. El escrito enfatiza la falta de soporte técnico al señalar que «no se especifica ‘la naturaleza de la evidencia utilizada para su reconocimiento ni, en su caso, la planificación fiscal’, tal y como establece el Plan General de Contabilidad en su apartado III».
Opinión con salvedades
La acumulación de desviaciones ha llevado al equipo auditor a rechazar una opinión limpia sobre la contabilidad del ente portuario. El informe ratifica las garantías del proceso al detallar la metodología empleada en el examen de las cuentas públicas. El texto de la IGAE sostiene que «hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España». La institución reafirma su posición al certificar que «somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría«. El documento concluye declarando que «consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades».
