Concurrir a proyectos europeos o de otra índole con una entidad púbica tiene sus cosas: No precisa aval bancario. Ese era el turrón. Y de eso vivían las estructuras patronales pidiendo fondos a diestro y siniestro porque las organizaciones empresariales se colocaban como subcontratistas dado que la Fundación Puertos de Las Palmas carecía de personal y ni falta que hacía. Con esos proyectos y esos fondos, a medida, ciertas patronales, presuntamente, cortocicuitaban la competencia. Presuntamente, y con el marchamo de ser tener al Estado como padrino que en Madrid y Bruselas estaban desconectados de la realidad. Tal es lobby que ejercían que hasta en los Premios Puertos de Las Palmas se repartían entre los miembros de su círculo de poder generando el presunto asesinato de imagen civil de empresas y aislamiento de profesionales fuera de ese circuito. Unos inmorales. Pero la moral es voluntaria.
Como adelantó en exclusiva Canarymaritime, la Fundación Puertos de Las Palmas dejará de operar como la pantalla pública de la patronal portuaria. El acuerdo alcanzado este viernes por la Junta de Patronos y la Asamblea de la entidad ha activado los mecanismos de disolución y reestructuración radical de la institución. Los representantes portuarios han formalizado un paquete de medidas excepcionales que marcan el fin definitivo de su actual modelo operativo. Esta resolución colectiva se ha producido en paralelo a la aprobación de las cuentas de la entidad y como respuesta directa a la obligación de adoptar «una serie de las medidas a raíz del informe de auditoría interna realizado por Puertos del Estado». Ayuntamiento de Las Palmas (PSOE) y Oneport se han opuesto a las cuentas anuales. El Cabildo de Gran Canaria (NC en la SPEGC también), le ha dado luz verde.
Liquidación o privatización en la hoja de ruta
El núcleo de la resolución aprobada por el patronato sitúa a la institución en un escenario inminente de liquidación o transformación jurídica para extirpar su naturaleza pública. Los patronos han acordado «que la Autoridad Portuaria contrate un informe jurídico para actualizar y complementar el realizado en el año 2017«. La finalidad de este dictamen externo consiste en «analizar la situación actual de la Fundación y valorar sus opciones de futuro, que pasan por o bien su transformación conforme a la Orden Ministerial del 2013, o bien su liquidación«, dice el comunicado oficial remitido este viernes.
El texto del acuerdo garantiza que la operativa portuaria esencial se mantendrá bajo un control estricto durante el proceso de transición hacia el cierre del ente. Para ello, los patronos han convenido «continuar con los procesos de adjudicación y licitación de aquellos servicios que se consideren necesarios hasta la transformación o liquidación de la Fundación». No obstante, la resolución especifica que la continuación de estos trámites «conllevará, por tanto, la finalización de los contratos menores que, a día de hoy garantizan el funcionamiento diario de la Fundación«, desmantelando la red de adjudicaciones directas.
Fiscalización de IGAE
La Junta y la Asamblea han resuelto asimismo dotar al organismo de una dirección interina de carácter puramente técnico para pilotar el desmantelamiento. El acuerdo establece proceder a «la apertura de un nuevo proceso de selección que continúe con la gestión del día a día de la Fundación hasta su completa transformación o liquidación», evitando así un vacío de poder en las relaciones institucionales del puerto mientras se ejecuta su desaparición.
La vertiente jurídica del acuerdo trascenderá el ámbito de la propia Autoridad Portuaria de Las Palmas para entrar en el terreno de la exigencia de responsabilidades. Como última medida ejecutiva del orden del día, los patronos han aprobado formalmente «enviar toda la documentación relativa a la auditoría interna a la Intervención General Territorial». Este envío traslada la fiscalización de las cuentas y del uso de la contratación menor a los inspectores de la administración pública, sometiendo el balance de la controvertida fundación a un control estatal externo y definitivo.
El primer punto, y aquí se coloca este párrafo porque ya hemos informado de ello, es «la aceptación de la dimisión presentada por la gerente de la Fundación, Betsabé Morales», según el comunicado oficial. El cese de la ejecutiva se ha certificado de mutuo acuerdo tras las objeciones administrativas planteadas contra la legalidad de su designación. La propia Morales ha justificado su salida ante los patronos informándoles de que toma esta decisión «para que las discrepancias en torno a mi nombramiento no ocasionen ningún daño ni a la entidad, ni a los patronos, ni a los colaboradores de la Fundación que he tenido el honor de representar».
