Enero de 2026 marca el punto final de uno de los colapsos más traumáticos en la historia del Puerto de Las Palmas. Doce años después de que el imperio danés de OW Bunker Canary Islands SL se desintegrara en apenas una semana, un tribunal ha dictado sentencia firme: absolución para el fondo de capital privado y los altos ejecutivos implicados. El veredicto cierra la puerta a las reclamaciones de responsabilidad, pero no borra la cicatriz de un naufragio legal que tuvo en Las Palmas en su momento más crítico en mayo de 2016 con la famosa sentencia del Tribunal Supremo inglés en el caso «Res Cogitans». Pasó en 2014 de valer 1.000 millones de euros a cero en menos de siete meses y en Las Palmas generó un caos contable hasta el punto que fue a concurso mercantil sin apenas masa económica porque el dinero estaba en la matriz, según fuentes financieras.
Para entender por qué la absolución de 2026 es tan relevante, hay que viajar a 2016. Aquel año, el sector marítimo internacional contuvo el aliento ante la sentencia PST Energy 7 Shipping LLC vs. OW Bunker Malta Limited. El Tribunal Supremo inglés dictaminó que el contrato de bunkering no era un contrato de compraventa de mercancías al uso, sino un contrato sui generis.
Esta distinción técnica tuvo consecuencias devastadoras: al no ser una compraventa ordinaria, no se aplicaban las reglas de transmisión de título. Esto permitió que los bancos y administradores concursales de OW Bunker reclamaran el pago del combustible incluso si el título de propiedad nunca había pasado al armador porque el combustible ya se había quemado en alta mar.
La pesadilla del «Doble Pago» en las islas
La circular de ANAVE ya lo advertía desde 2015: los armadores en Canarias estaban «abocados a pagar dos veces». El esquema era una trampa perfecta. Por un lado, el administrador concursal de OW Bunker Canary Islands exigía el cobro de la factura contractual. Por otro, el suministrador físico (quien realmente entregó el combustible en el muelle de Las Palmas) amenazaba con el embargo preventivo de buques alegando un privilegio marítimo (maritime lien).
Muchos armadores se vieron forzados a consignar judicialmente el dinero o a negociar acuerdos tripartitos bajo una presión asfixiante. Como señalaba la jurisprudencia de 2016, no había «justificación real» para someter a un operador a este doble pago, pero la aplicación estricta del derecho marítimo dejó a las navieras en un limbo de inseguridad jurídica que ha tardado más de una década en resolverse.
2026: Un veredicto de absolución en un mercado transformado
La sentencia de este mes de enero de 2026, que exonera al fondo Altor Equity Partners y a la cúpula directiva, determina que la quiebra no fue una orquestación criminal, sino el resultado de un fraude masivo en Singapur y una gestión de riesgos fallida. El tribunal entiende que los ejecutivos no actuaron con dolo al exigir los cobros que la sentencia «Res Cogitans» de 2016 validó indirectamente.
Sin embargo, para las navieras españolas que operan en la ruta atlántica, la absolución es solo el epílogo de una transformación forzosa. Aquella crisis obligó a cambiar los contratos de bunkering, eliminando las zonas grises que permitieron el caos de 2014. El riesgo de acción directa —similar al que existe en el transporte terrestre— obligó a los operadores a ser mucho más selectivos con sus intermediarios.
Lecciones de un gigante caído
Doce años después, los directivos caminan libres, pero la industria del combustible en Canarias es otra. La quiebra de OW Bunker movió millones de dólares en reclamaciones y puso en jaque la cadena de suministro mundial. Hoy, en 2026, el Puerto de Las Palmas mira hacia el futuro con el hidrógeno verde, pero en sus despachos aún se recuerda aquel 2016 cuando un tribunal inglés sentenció que, en el mar, el combustible puede consumirse antes de pagarse, pero las deudas nunca se evaporan.
Noticia escrita por José L. JImébez. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
