La celebración del Día de los Océanos ha quedado empañada por una evidencia gráfica que sacude los cimientos de la industria pesquera nacional. Greenpeace ha documentado una operativa presuntamente ilegal protagonizada por el pesquero español ‘Naboeiro’, un palangrero de 28 metros de eslora con base en Vigo, durante una expedición en aguas internacionales situadas en la zona de convergencia entre las corrientes de Canarias y Guinea. Las imágenes obtenidas por los activistas revelan la captura, manipulación y posterior descarte de ejemplares de tiburón zorro ojón, una especie clasificada como extremadamente vulnerable a la sobreexplotación. En 2022 una cadena francesa de TV hzio un reportaje de investigación sobre este hecho y nadie se dio por enterado.
La intervención de la organización ecologista expone un rosario de posibles infracciones contra el reglamento de pesca de la Unión Europea y las directrices de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). Los hechos documentados muestran cómo los tripulantes del buque, construido en 1995, proceden a subir a bordo tres tiburones de la especie Alopias superciliosus. La normativa vigente prohíbe taxativamente la pesca dirigida de este escualo, obligando a los buques a aplicar protocolos de liberación inmediata en caso de captura accidental. Lejos de seguir estos procedimientos, las secuencias muestran cómo los ejemplares fueron seccionados en cubierta para, posteriormente, arrojar los restos al mar.
Evidencias de un descarte ilegal y cercenamiento de aletas
El informe técnico elaborado tras la observación destaca una irregularidad particularmente grave: el hallazgo de partes del cuerpo de los tiburones que evidencian el cercenamiento de aletas a bordo. Esta práctica, conocida mundialmente como finning, representa una de las violaciones más severas de la política pesquera comunitaria, diseñada específicamente para evitar que los buques aprovechen el valor comercial de las aletas en mercados asiáticos sacrificando el resto del animal. La organización denunciante añade que, de confirmarse la ausencia de reportes oficiales ante la Secretaría General de Pesca sobre este lance concreto, el buque habría incurrido en un incumplimiento flagrante de los protocolos de control pesquero exigidos a la flota española.
El incidente adquiere dimensiones políticas al producirse en una zona del Atlántico considerada como prioritaria para su conservación bajo el amparo del nuevo Tratado Global de los Océanos. La falta de vigilancia efectiva en estas aguas de alta mar, donde el control estatal resulta complejo, facilita que flotas industriales operen bajo un manto de impunidad. Greenpeace ha trasladado formalmente las imágenes y el expediente del caso a la Secretaría General de Pesca del Ministerio español, instando al organismo a actuar de oficio ante lo que califican como un saqueo inaceptable de la biodiversidad marina.
Un golpe a la credibilidad de la gestión pesquera regional
La responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual, ha manifestado que este episodio constituye una prueba definitiva de la ineficiencia de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), incapaces de garantizar la protección real de las especies vulnerables incluso en áreas críticas de tránsito. La denuncia subraya la urgencia de abandonar la retórica ambientalista y dotar al Tratado Global de los Océanos de mecanismos de cumplimiento coercitivos. El temor del movimiento ecologista reside en que el texto histórico entre en vigor convertido en papel mojado si el sector pesquero industrial continúa ignorando la protección de los santuarios marinos previstos.
El ‘Naboeiro’ representa, según los denunciantes, una parte de la flota que utiliza la vastedad del océano como un escudo frente a la fiscalización. El impacto de estas prácticas pone en riesgo no solo la supervivencia de los stocks pesqueros, sino la viabilidad a largo plazo del propio sector, dependiente de un ecosistema equilibrado que el descarte masivo y la pesca ilegal están erosionando. La administración pesquera española tiene ahora sobre su mesa el reto de auditar estas pruebas y determinar las sanciones correspondientes, una respuesta que se antoja determinante para evaluar el compromiso real de España con la legalidad en aguas internacionales frente a la presión de los lobbies pesqueros tradicionales.
