Empezando por el final: La culpa es de Coalición Canaria (CC) por hacer valer el peso de Sanidad con informes absurdos de riesgos inexistentes acerca del proyecto de gasificación de Totisa, rindiéndose a los lobbies que no querían la apertura del negocio del suministro de energía en el Puerto de Las Palmas. De las chimeneas y las emisiones contaminantes de los cruceros en el Muelle Santa Catalina, Salud Pública no tiene nada que decir nunca. También es verdad que el número de psiquiatras en Canarias es de 7 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja de la UE, según fuentes oficiales. Nota de transparencia / Disclosure: La autora no mantiene posiciones abiertas, intereses financieros ni vínculos de asesoría con ninguna de las empresas, partidos y administraciones públicas citadas en esta crónica.
Los godos están en Canarias
En Las Palmas se ha torpedeado la entrada, y millonaria inversión, de Totisa para evitar que algún operador de Madrid o Roma entre en barrera financiera con el enganche eléctrico, mientras que en Tenerife se bloquean inversiones en astilleros para que un empresario griego —que suspira por su propio grupo parlamentario nacionalista canario en Madrid— no sufra pérdidas de cuota de mercado en las reparaciones navales. Un autosabotaje institucional lleno de medianeros que condena a los puertos canarios a ser simples espectadores mientras la Península se queda con el futuro del negocio marítimo.
Mira que fueron voluntarios contra los franceses…
La líder del PP de Cádiz y presidenta del puerto de esa ciudad —que en abril de 1811 fue salvada de caer en manos francesas gracias a 900 voluntarios grancanarios del Batallón de Granadera Canaria de Las Palmas—, Teófila Martínez, presentó este miércoles en el entorno de la Seatrade Cruise Med 2026 un acuerdo para potenciar a través de Endesa que su entorno naval sea hub energético, en claro detrimento de unos puertos de Canarias que, en su agenda woke, han optado por suicidarse y no dar este servicio. Más razones para no operar con Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife a efectos de base de operaciones.
A través de este protocolo de colaboración se definirá y diseñará un plan de actuación para transformar al Puerto Bahía de Cádiz en un recinto más verde y descarbonizado. Para ello, se llevará a cabo un modelo eficiente energéticamente que integre la movilidad sostenible, la energía renovable, el almacenamiento de energía y la digitalización de los procesos a través de open data y plataformas distribuidas, situando a Cádiz a la vanguardia de este tipo de entornos a nivel nacional e internacional.
La audacia del PP andaluz
Para Teófila Martínez, tanto el protocolo como el proyecto de electrificación son dos ejemplos del compromiso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con la sostenibilidad, de la que ha dicho: «no es una opción, sino una obligación. No somos libres de elegir ser sostenibles o no. Estamos obligados a serlo y en el caso concreto del Puerto de Cádiz estamos comprometidos con el verde». En este sentido, la presidenta Martínez hizo hincapié en la necesidad de liderar un papel proactivo, recordando actuaciones como las pantallas antipolución de Cabezuela, sistemas de control de emisiones, tres plantas fotovoltaicas y un ecoaparcamiento con GNL.
Muestrario de fuerza e impotencia local
El proyecto presentado en el puesto del recinto andaluz supone una contundente demostración de fuerza inversora. Con un montante global de 8,25 millones de euros —de los cuales la Autoridad Portuaria de Cádiz aporta 1,5 millones y Endesa 6,75 millones (apoyados por 2,7 millones de Fondos NextGenerationEU)—, el Muelle Alfonso XIII de Cádiz se convierte en una referencia de electrificación. La estación OPS (Onshore Power Supply) cuenta con 16 MVA de potencia en su primera fase mediante un brazo articulado móvil, con previsión de ampliar a 24 MVA, permitiendo ahorrar 5.000 toneladas de dióxido de carbono al año y reducir hasta un 96 % las emisiones de óxidos nitrosos durante las escalas.
Para rematar el despliegue, desde Cádiz se ofrece la tecnología gaditana como un «modelo exportable» que podría ser aplicado en un futuro a los puertos de Canarias. Una escena goda en la que el Puerto de Las Palmas ejerció de mero anfitrión y escaparate de un éxito ajeno, evidenciando que hacerle caso a los funcionarios de Salud Pública genera estas distorsiones destructivas en el mercado.
La combinación entre el impulso inversor de Endesa y la audacia política del PP andaluz ha retratado las costuras de una gestión insular atada de pies y manos, donde el discurso de la transición verde se evapora entre papeles de Salud Pública mientras la Península se queda con el negocio real. Esta pérdida de centralidad no es un mero tropiezo reputacional, sino una amenaza directa a la supervivencia operativa de los puertos canarios en el mapa del Atlántico.
Al regalar la iniciativa del suministro eléctrico y los combustibles limpios a recintos como Cádiz, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife arriesgan su bien más preciado: la condición de puerto clave para las grandes navieras internacionales. Si el archipiélago insiste en perpetuar sus laberintos administrativos y dar la espalda a la infraestructura energética real, la industria de cruceros no dudará en reordenar sus rutas hacia puertos peninsulares que sí garanticen estándares medioambientales efectivos, dejando a los muelles isleños relegados a simples paradas secundarias de paso.
