Para Juan José Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura y miembro del consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el debate sobre la conexión marítima entre Fuerteventura y Tarfaya ha sido secuestrado por una visión simplista. Lejos de ser un ejercicio de frustración acumulada, Marichal defiende que el proyecto exige una mirada técnica, económica y estratégica mucho más ambiciosa. «En los últimos días se han publicado diversos artículos y opiniones sobre la conexión marítima entre Fuerteventura y Tarfaya que presentan esta cuestión exclusivamente desde una perspectiva de fracaso acumulado, inviabilidad económica o confrontación política», lamenta el empresario majorero.
Largo plazo
Rodríguez Marichal insta a elevar la calidad del debate público, abandonando el ruido para centrarse en la diversificación. «Otro error frecuente consiste en valorar esta conexión exclusivamente desde el punto de vista turístico o del tráfico de pasajeros», advierte. El potencial real, insiste, reside en el «comercio exterior, tránsito de mercancías, cooperación empresarial, servicios portuarios, logística regional, proyectos industriales y cadenas de suministro». Para el presidente de la Cámara, el tiempo de las «caricaturas políticas» debe terminar: «El debate sobre Tarfaya necesita menos titulares maximalistas y más análisis técnico, económico e institucional«. Su reflexión es una invitación a la responsabilidad: «El verdadero debate no es únicamente si una línea marítima es rentable hoy. El verdadero debate es qué posición quiere ocupar Canarias en el Atlántico de las próximas décadas».
Dificultades
El dirigente cameral reconoce las cicatrices que dejó el naufragio del ferri Assalama en 2008 y la larga lista de promesas que han quedado en el camino. «Es evidente que la ruta ha atravesado enormes dificultades desde la interrupción del servicio en 2008. También es cierto que durante años se han producido anuncios, previsiones y calendarios que finalmente no llegaron a materializarse. Negar esa realidad no tendría sentido«, admite. No obstante, para Marichal, utilizar estos antecedentes como munición para pedir el archivo definitivo del proyecto es un error de diagnóstico: «Convertir esa sucesión de retrasos en una descalificación absoluta del proyecto supone ignorar una cuestión fundamental: las infraestructuras estratégicas no siempre responden exclusivamente a criterios de rentabilidad privada inmediata«.
La argumentación de Rodríguez Marichal se apoya en la propia historia reciente del archipiélago. «Canarias conoce bien esta realidad», señala. «Muchas conexiones aéreas y marítimas esenciales para la cohesión territorial, el equilibrio regional o la integración económica requieren en sus fases iniciales acompañamiento institucional, incentivos públicos y una planificación sostenida en el tiempo». Bajo este prisma, la conexión con Tarfaya no debería ser una excepción, sino un caso de estudio sobre cómo integrar territorios con limitaciones estructurales. «La conexión Fuerteventura – Tarfaya debe analizarse precisamente en ese contexto», sostiene el presidente cameral.
Capacidad estratégica
Para el miembro del consejo de Puertos de Las Palmas, el objetivo final es situar a las islas en el mapa logístico del Atlántico. «La cuestión de fondo no es únicamente si una naviera obtiene beneficios desde el primer día de operación. La verdadera cuestión es si Canarias desea desempeñar un papel económico y logístico relevante en el Atlántico medio y en su relación con África occidental», afirma Marichal. Fuerteventura, a su juicio, tiene los ingredientes necesarios para actuar como plataforma de intercambio y cooperación. «Renunciar a explorar esa posibilidad únicamente porque el mercado privado no asuma en solitario el riesgo inicial significaría limitar la capacidad estratégica futura del archipiélago».
Ante este escenario, Marichal exige un paso al frente al Ejecutivo regional. «Si la conexión marítima con Tarfaya es considerada de interés estratégico para Canarias, resulta evidente que el Gobierno autonómico debe asumir un papel más proactivo en su desarrollo«, subraya. La propuesta de la Cámara no implica un control estatal absoluto, sino una «cooperación inteligente». En palabras de su presidente, el liderazgo institucional debe traducirse en «incentivos temporales a la operativa, mecanismos de apoyo vinculados a obligaciones de servicio público, coordinación aduanera y logística estable, simplificación administrativa, acuerdos institucionales permanentes con Marruecos y apoyo específico a exportadores e importadores canarios«. Sin este andamiaje, asegura, «resulta extremadamente difícil exigir a cualquier operador privado que asuma por sí solo elevados costes operativos e incertidumbres comerciales iniciales».
