El Partido Popular y Coalición Canaria han presentado una moción conjunta en el Cabildo Insular de Tenerife para exigir al Gobierno de España el veto inmediato a la venta de activos logísticos del grupo Boluda a la empresa estatal marroquí Marsa Maroc. CC y PP, por tanto, secundan la tesis dek lider del Nueva Canarias y presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, que fue el primero en opedir el escudo antiOPAs al Gobierno de España. Además del bloqueo formal a la compraventa, la moción exige a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la elaboración urgente de un informe técnico de impacto. Este análisis deberá evaluar de qué manera afectaría la incursión marroquí a la competencia efectiva, a las líneas de atraque y a las tarifas logísticas locales.
La iniciativa busca activar el mecanismo gubernamental de control sobre inversiones extranjeras en infraestructuras estratégicas para impedir que capital bajo control de Rabat tome posiciones operativas en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Ofensiva parlamentaria en el Cabildo
El texto registrado por las dos formaciones políticas apela directamente al Consejo de Ministros y a las carteras de Economía, Transportes e Industria. La maniobra corporativa contempla la adquisición por parte de Marsa Maroc —operador controlado por el grupo público estatal Tanger Med— de participaciones y terminales de Boluda Maritime Terminals (BMT), pilar operativo del transbordo y la logística insular.
«Existe un evidente riesgo de desvío de tráfico marítimo, inversiones y actividad logística hacia puertos marroquíes competidores, en detrimento de los intereses económicos y estratégicos de Tenerife y del conjunto de Canarias«, advierten en la exposición de motivos el portavoz popular, Lope Afonso, y el representante nacionalista, José Miguel Ruano.
La sombra de Tanger Med
El avance de Marsa Maroc en la región coincide con la expansión del complejo portuario Tanger Med y los desarrollos en Nador West Med, recintos que compiten de forma directa por las rutas internacionales de contenedores entre África, Europa y América. En las islas, las administraciones locales consideran que permitir a una entidad dependiente del Gobierno marroquí gestionar suelo y terminales en Tenerife compromete la soberanía operativa del archipiélago.
El documento oficial subraya que la presencia de la firma estatal de Rabat plantea serias dudas sobre el mantenimiento de la actividad y la toma de decisiones en el ámbito insular. «La condición de Marsa Maroc como empresa pública vinculada al Estado marroquí incrementa la preocupación institucional sobre el posible uso de esta operación para favorecer intereses portuarios nacionales de Marruecos frente a los puertos canarios«, señala el escrito firmado para su debate en el pleno corporativo.
Invocación del Escudo Anti-OPAs
Frente a la operación transfronteriza, la moción insta a Madrid a aplicar el «Escudo Anti-OPAs», el marco regulatorio habilitado para proteger empresas y activos de carácter sensible frente a adquisiciones procedentes de capitales no pertenecientes a la Unión Europea. Las instituciones insulares defienden que la condición ultraperiférica de Canarias exige blindar la cadena de suministros y los nodos de abastecimiento regional.
«Dicha operación genera una profunda preocupación por sus consecuencias sobre la soberanía económica y estratégica de infraestructuras críticas en Canarias, el mantenimiento del empleo y los centros de decisión», sostienen las formaciones proponentes al justificar la intervención del Estado en el acuerdo comercial entre empresas privadas.
Exigencia de informes de impacto
El texto reclama abrir un periodo de consultas donde participen el Gobierno autonómico, la Federación Canaria de Islas (FECAI), las patronales del sector y las organizaciones sindicales. El acuerdo será remitido a las Cortes Generales, al Ministerio de Transportes y al Ejecutivo autonómico para coordinar la postura institucional canaria ante el Ministerio de Economía.
Pulso en la frontera sur de Europa
La ofensiva parlamentaria en Tenerife marca un precedente en el control geopolítico de las concesiones portuarias en la frontera sur de Europa. El control de las terminales insulares pasa a considerarse un asunto de seguridad nacional frente a la expansión comercial de los operadores estatales del norte de África en el Atlántico.
