En el archipiélago, la política no es una lucha de ideologías, sino una coreografía de agravios geográficos. Mario Cabrera ha decidido romper el decoro del pacto interno para señalar una obviedad que todos aceptan con resignación: que la Autoridad Portuaria de Las Palmas es un organismo de estructura geológica, inamovible, donde el empresariado de Gran Canaria ejerce una gravedad que asfixia a las islas menores. «El consejo de administración del puerto de Las Palmas es arcaico, tenemos consejeros prestados del Gobierno de Canarias», dijo Cabrera. «Pensamos en el conjunto de Canarias cuando hay que tomar decisiones, tenemos perfiles excelentes en Fuerteventura o Lanzarote», afirmó.
Al pedir que un majorero o un lanzaroteño presida el ente, Cabrera no está sugiriendo una reforma administrativa; está denunciando el agotamiento de un modelo que confunde la unidad canaria con la hegemonía del muelle capitalino. Es el último estertor de una periferia que, cansada de ser considerada «de segunda», reclama su derecho a gestionar el horizonte, mientras el Gobierno de Clavijo asiste al espectáculo de verse interpelado por sus propios hombres en una mezcla de realismo sucio y supervivencia electoral.
La estructura de poder que sostiene la Autoridad Portuaria de Las Palmas enfrenta un desafío frontal desde las islas orientales. Mario Cabrera, secretario general de AM-CC en Fuerteventura y diputado regional, ha puesto sobre la mesa una propuesta que fractura la tradición administrativa del ente: la presidencia de la Puertos de Las Palmas (CC) debe recaer, por primera vez, en un representante de Fuerteventura o Lanzarote. Esta reivindicación no es solo un gesto de equilibrio territorial, sino una enmienda a la totalidad contra lo que Cabrera describe como un sistema «arcaico» y condicionado por el centralismo de Gran Canaria. «Nos hacen poner en pie de guerra», dijo Cabrera.
El argumento de Cabrera es simple: la presidencia del puerto de Las Palmas gestiona recursos de tres islas, pero sus beneficios y visiones estratégicas parecen fluir en una sola dirección. Al proponer perfiles de Lanzarote o Fuerteventura para dirigir el ente, el nacionalismo majorero no solo busca representatividad, sino un cambio de modelo que permita a los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario competir en igualdad de condiciones en el complejo mapa del transporte marítimo del Atlántico Medio.
Para Cabrera, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas opera bajo una «mayoría aplastante» de intereses grancanarios, tanto institucionales como empresariales, que relega a las islas periféricas a un papel secundario. Esta asimetría en la toma de decisiones, según el diputado, es la causa directa del «doble coste» logístico que soportan Lanzarote y Fuerteventura y del estancamiento de infraestructuras críticas que podrían diversificar la economía de la provincia.
El factor Tarfaya: el detonante del conflicto
En el epicentro de esta demanda se encuentra el bloqueo sistemático de la línea marítima entre Tarfaya (Marruecos) y Puerto del Rosario. Cabrera vincula la falta de progreso en esta ruta comercial a una estrategia de concentración de beneficios en Gran Canaria. «En Fuerteventura y Lanzarote tenemos otro concepto de entender Canarias», señaló el líder nacionalista, sugiriendo que la apertura de la línea con África es vista por ciertos sectores grancanarios como una amenaza a sus propios intereses logísticos.
Incluso dentro de la propia isla majorera, Cabrera detecta resistencias: «Hay intermediarios que ven que su chiringuito se les puede venir abajo si esta línea abre». Sin embargo, la presión empresarial no cesa. La Cámara de Comercio de Fuerteventura se ha sumado a la crítica, denunciando una jerarquía portuaria donde existen «islas de primera y de segunda». Ante este escenario, se ha solicitado al Gobierno de Canarias, a través de Proexca, una expedición empresarial para reafirmar la viabilidad de la ruta con Marruecos.
Un pulso por la gobernanza regional
La propuesta de alternancia en la presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas representa un movimiento de calado en la política regional. Si bien la designación es una competencia delegada del Estado a propuesta del Gobierno autonómico, el planteamiento de Cabrera busca forzar una negociación en la que el equilibrio de poder deje de ser estrictamente demográfico para ser funcional.
