El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un paso definitivo en la externalización de los servicios de protección de sus infraestructuras clave en el archipiélago canario. La Dirección Provincial de Las Palmas del Instituto Social de la Marina (ISM) formalizó la adjudicación del contrato para el servicio de vigilancia y seguridad de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un proveedor de fuerte arraigo regional en un mercado de seguridad privada caracterizado por una competencia cada vez más intensa.
Este éxito institucional consolida la posición de liderazgo de Cansegur dentro del mercado de la seguridad corporativa en las islas. La firma ha logrado hitos de gran envergadura en el ámbito de la administración local, destacando de forma sobresaliente como la empresa adjudicataria para asumir la vigilancia y seguridad del Cabildo de Gran Canaria. Dicho contrato, estructurado en un lote con un valor de 18.798.680,30 euros y una vigencia plurianual de cinco años, entró oficialmente en vigor el pasado 1 de enero de 2026 y está programado para finalizar el 31 de diciembre de 2030, lo que blinda la cartera de pedidos de la compañía a medio plazo.
Casa del Mar en Las Palmas
El proceso de licitación atrajo un volumen notable de candidaturas para esta tipología de contratos públicos territoriales. El órgano de contratación recibió un total de seis ofertas económicas y técnicas, un nivel de concurrencia que evidencia el interés de las empresas del sector por captar contratos estables vinculados a la administración periférica del Estado. El procedimiento culminó con la victoria de la Compañía de Vigilancia Cansegur, firma domiciliada en la propia capital grancanaria, concretamente en la avenida Juan XXIII. La proximidad operativa del adjudicatario se alinea con la tendencia de las delegaciones provinciales de priorizar operadores con capacidad de respuesta inmediata y despliegue logístico local en el entorno insular.
La propuesta financiera de Cansegur que finalmente aseguró el contrato se fijó en 209.669,85 euros. Este montante económico sufragará los servicios encuadrados en los códigos de la Clasificación Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) relativos a servicios de vigilancia, servicios de seguridad y servicios de supervisión de sistemas de alarma. El cumplimiento de estas funciones es prioritario para asegurar el normal funcionamiento de la Casa del Mar, una instalación que centraliza la asistencia, gestión administrativa y servicios sociales destinados al colectivo de trabajadores del mar y sus familias en la provincia oriental de Canarias, en el código geográfico de prestación NUTS ES705.
Este éxito institucional consolida la posición de liderazgo de Cansegur dentro del mercado de la seguridad corporativa en las islas. La firma ha logrado hitos de gran envergadura en el ámbito de la administración local, destacando de forma sobresaliente como la empresa adjudicataria para asumir la vigilancia y seguridad del Cabildo de Gran Canaria. Dicho megacontrato, estructurado en un lote con un valor de 18.798.680,30 euros y una vigencia plurianual de cinco años, entró oficialmente en vigor el pasado 1 de enero de 2026 y está programado para finalizar el 31 de diciembre de 2031, lo que blinda la cartera de pedidos de la compañía a medio plazo.
El expediente administrativo de la Casa del Mar fue firmado en Las Palmas de Gran Canaria por el Director Provincial del Instituto Social de la Marina, José Julián Suárez Suárez. La formalización del contrato cierra el ciclo administrativo abierto tras el proceso de evaluación de pliegos, en un contexto sectorial donde los costes salariales derivados de los convenios colectivos de seguridad privada y las exigencias de tecnificación operativa presionan los márgenes de licitación. Con esta resolución, el Ministerio de Inclusión garantiza la cobertura ininterrumpida de sus dependencias críticas en León y Castillo frente a los riesgos operativos habituales.
La estabilidad regulatoria y la continuidad de las contratas de servicios generales del Estado en el ámbito portuario e insular resultan determinantes para la competitividad del sector público. Al retener el servicio una firma local frente a corporaciones de implantación nacional, la dirección provincial afianza el tejido empresarial canario en el segmento de la seguridad física. El anuncio de formalización, registrado con la referencia BOE-B-2026-16443, marca el inicio del periodo de ejecución del servicio bajo los estrictos estándares de control de calidad fijados en el pliego de prescripciones técnicas del organismo estatal.
